Redacción
El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a tres ciudadanos mexicanos y dos empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusados de operar una red de robo de combustibles y petróleo crudo en México y Estados Unidos, actividad con la que financian las operaciones ilícitas del grupo criminal.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identificó a César Morfín Morfín, alias el Primito, como el líder de una célula del CJNG que ha desviado sus operaciones hacia el robo de hidrocarburos por su alta rentabilidad.
“El robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo son fuentes de ingresos para la actividad narcoterrorista del CJNG”, advirtió el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Estas actividades les proporcionan una lucrativa fuente de ingresos y les permiten causar estragos en México y Estados Unidos”.
El Primito, quien controla rutas entre Tamaulipas y Texas, cobra cuotas por el paso de camiones con crudo y utiliza documentos aduanales falsos para introducir el petróleo robado a Estados Unidos, el cual es vendido por intermediarios cómplices como aceite usado o materiales peligrosos para evadir regulaciones. Sus hermanos Álvaro Noé y Remigio Morfín también están implicados en la red.
Las sanciones incluyen a las empresas SLA. Servicios Logísticos Ambientales, S.A. de C.V. y Grupo Jala Logística, S.A. de C.V., utilizadas para transportar hidrocarburos en nombre de operadores del cártel.
De acuerdo con el Tesoro, el combustible robado es vendido en mercados negros de México, Centroamérica y Estados Unidos. El crudo, por su parte, es canalizado a importadores cercanos a la frontera suroeste de EU, quienes lo colocan en los mercados internacionales a precios reducidos, generando millones en ganancias que son repatriadas a México.
El informe subraya que el huachicol representa actualmente la principal fuente de ingresos no relacionada con el narcotráfico para los cárteles mexicanos. Las pérdidas por esta actividad ilícita ascienden a miles de millones de dólares anuales, según estimaciones del propio gobierno mexicano.
Las sanciones fueron coordinadas con la DEA, el FBI, la HSI, la CBP, FinCEN y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.