Raúl Muñoz
Aguascalientes, Ags.- Las reformas legales que permiten la figura de obra pública financiada representan una oportunidad para asegurar la continuidad de proyectos transexenales, pero requieren mecanismos de control claros para evitar endeudamientos irresponsables y riesgos de infraestructura inconclusa, advirtió Dafne Viramontes Ornelas, presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes.
La especialista señaló que, aunque el modelo podría dar certidumbre a obras de largo plazo, también puede limitar la capacidad de los gobiernos futuros para desarrollar su propia infraestructura.
“Estás limitando la capacidad de los demás gobiernos subsecuentes de generar su propia infraestructura y les estás exponiendo un costo, una responsabilidad de ya tener que pagar”, expresó.
Viramontes advirtió que la obra pública financiada ya se ha aplicado de forma informal en Aguascalientes, sin reglas claras ni compromisos firmes entre administraciones.
“Actualmente estos proyectos de infraestructura sí se financian de esta manera, pero de forma informal, ya teníamos un proyecto que duraba varios años y no es el único”, comentó, al recordar casos como el Hospital Hidalgo y el hospital inconcluso de Pabellón de Arteaga.
Consideró necesario establecer topes, plazos y reglas de transición entre gobiernos, así como órganos colegiados con participación de sociedad civil, académicos y empresarios, que autoricen los proyectos.
También alertó que pocos empresarios locales pueden financiar obras a largo plazo, lo que podría concentrar los contratos en pocas manos.
Por ello, propuso mecanismos para incluir a micro, pequeñas y medianas empresas, y cerrar vacíos con legislación secundaria.