Daniela Lomelí
Aguascalientes, Ags.- El Poder Legislativo de Aguascalientes es uno de los que destina el menor porcentaje de su presupuesto a la auditoría estatal, señala en Informe Legislativo 2021 realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Según el documento, el congreso local es el tercero a nivel nacional en destinar el menor porcentaje de sus recursos a auditorías, por debajo de Durango y Morelos. El informe detalla que en Aguascalientes se dirigen el 13% de los recursos para la verificación del gasto público, porcentaje que está por debajo de la media nacional, que es del 25%.
De acuerdo con el IMCO, el presupuesto del Poder Legislativo de Aguascalientes es de 238 millones de pesos, de los cuales 206 millones están destinados directamente al presupuesto del Congreso, mientras los otros 32 millones de pesos son para la auditoría estatal.
Aunque Aguascalientes es uno de los estados que mostró un incremento en el presupuesto destinado a las auditorías entre el 2021 y el 2021, tal aumento no fue superior al 10%.
“La amenaza de recortes presupuestales afecta la fiscalización y es un problema en la lucha contra la corrupción. Impide que las auditorías realicen su mandato constitucional: vigilar el ejercicio del gasto público”, indica el texto.
Resalta que si bien existen factores que explicarían parcialmente las asimetrías presupuestales entre cada entidad, como el tamaño de la población, el ingreso promedio de los estados y la extensión geográfica, “las atribuciones y funciones entre congresos son las mismas”.
Finalmente, el Instituto Mexicano para la Competitividad recomienda lo siguiente:
– Establecer que al menos el 20% del presupuesto del poder legislativo se destine a las auditorías estatales para asegurar su funcionamiento y evitar presiones presupuestales por parte del gobernador o congresistas.
– Incluir la participación de consejos ciudadanos en los procesos de elección de auditores.
– Para el proceso de selección de las o los titulares de las Auditorías Superiores Locales es necesario que se verifique los posibles conflictos de interés y cercanía con personas como el gobernador o el secretario de finanzas.
– Invertir en la profesionalización de los congresos locales y en plataformas de datos abiertos que permitan a la ciudadanía conocer el trabajo legislativo y el uso de los recursos de los poderes legislativos.
