Redacción
Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo, emitió un decreto en el que se establecen sanciones de entre 4 y 10 años de cárcel a quien comparta o difunda información relacionada con muertes violentas.
Según el documento, se sancionará a quien “audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una invetsigación penal”.
Ante ello, tanto la prensa sonorense como organizaciones relacionadas con la defensa de la libertad de expresión, manifestaron su rechazo al llamado Decreto 40, al considerar que con esta modificación al Código Penal del estado se criminaliza al periodismo.
Entre tales organizaciones están Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), y Artículo 19.
Además, llamaron al Congreso de Sonora a derogar el decreto “por contravenir estándares internacionales y su impacto negativo en la libertad de expresión, particularmente el ejercicio periodístico”.
Con información de EMEEQUIS