Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió la cancelación de al menos 21 de las 83 ordenes de aprehensión en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, de acuerdo con el diario El País.
Según el reporte del periodista Pablo Ferri, los documentos consultados y fuentes cercanas al caso “dibujan un conflicto” entre la fiscalía encargada del caso, que dirige Omar Gómez Trejo y la propia FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero. Asegura que las cancelaciones no fueron obra de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), encabezada por Gómez.
Señala que de las 83 órdenes de aprehensión existentes, solo se han ejecutado cuatro. El diario menciona que entre las órdenes canceladas están las de 16 militares acusados de delincuencia organizada, como la de el comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala en 2014, Rafael Hernández Nieto. Este militar, a diferencia de los otros 15, no fue acusado de desaparición forzada.
El juez del caso, con sede en Toluca, también canceló la orden de aprehensión contra el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por el delito de delincuencia organizada.
Entre las órdenes canceladas por el delito de desaparición forzada también se encuentran la de la expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana y la de dos exingenieros del Palacio de Justicia de Iguala y quienes, según la UEILCA, perdieron los videos de dicha localización, otro lugar clave en la desaparición de los normalistas.
Según esta versión, el fiscal Gertz estaba interesado en judicializar los señalamientos contra Jesús Murillo Karam con prontitud. Sin embargo, la fiscalía del caso le pidió un plazo de un mes para hacerlo, a lo que el titular de la FGR no accedió y ordenó entonces a la Fiscalía de Asuntos Internos que presentara la acusación ante el juez.
Por esa razón, los fiscales de Asuntos Internos fueron regañados por el juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, en la audiencia inicial de Murillo. “Hay un desorden, no vienen debidamente preparados”, dijo el juez, cuando los fiscales no expresaron correctamente la modalidad de los delitos contra el exfuncionario.
Las órdenes de aprehensión fueron solicitadas por la UEILCA el pasado 18 de agosto y el juez las concedió al día siguiente. Ese mismo día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa en el que concluyó que se trató de un crimen de Estado en el que participaron autoridades de todos los niveles.
El informe, vuelto a presentar en la conferencia matutina del pasado 26 de agosto, señala la responsabilidad del comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, José Rodríguez, quien presumiblemente mandó matar a los seis normalistas que quedaban con vida unos días después de los sucesos.
El reportaje de Ferri llama la atención sobre la cancelación de la orden de aprehensión contra Ulises Bernabé, quien fue juez de barandilla en Iguala en el momento el que Crespo presentó a varios normalistas en dicho lugar. Bernabé ha negado este hecho y actualmente se encuentra asilado en Estados Unidos.
Con información de Aristegui Noticias