Redacción
México.- Ha incendiado el debate en la academia la aprobación de la nueva Ley de Ciencias el pasado viernes, misma que se realizó en una sesión maratónica y completamente fuera de lo común, durante la cual los senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados llevaron a cabo en una sede paralela y sin la presencia de la oposición una veintena de reformas, entre ellas, la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Es de recordar que el proyecto había sido rechazado por investigadores y científicos porque centraliza la toma de decisiones en un directorio integrado por funcionarios del gobierno, limita la autonomía de los centros de investigación, elimina la meta de alcanzar el 1% del PIB en inversión para investigación y consolida la presencia de la Fuerzas Armadas en la toma de decisiones en esta materia.
El biólogo Antonio Lazcano, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro del Colegio Nacional afirmó al diario El Pais que “es absolutamente aberrante”, de ahí que la comunidad científica ha convocó a un paro el 2 de mayo en rechazo a lo aprobado.
La opinión de 112 páginas ni siquiera había sido leída por la mayoría de los senadores que votaron a favor; no hubo tiempo para debatir ni analizar en profundidad el futuro de la ciencia en México; pese a ello la iniciativa fue aprobada en pocos minutos junto a una veintena de leyes que el oficialismo llevó a cabo de manera maratónica.
Tampoco hubo tiempo de realizar los siete parlamentos abiertos previstos para definir el escenario científico de los próximos años. La forma en que se sancionó la nueva ley, que convierte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, es una de las grandes críticas de la comunidad científica.
En la madrugada del sábado, las redes sociales estallaron con el repudio de numerosos investigadores e incluso instituciones. Lazcano considera vergonzosa la forma en que se dio luz verde a la iniciativa: “Habla de la irresponsabilidad de los legisladores”.
El gran defensor del proyecto ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Están insatisfechos con la reforma del Conacyt, ¿por qué? Porque el dinero del pueblo se utilizó para financiar grandes empresas transnacionales, supuestamente para la innovación tecnológica. ¡Mentir! ”, dijo el pasado viernes, horas antes de la aprobación de la reforma. “Era estar subsidiando a estos grupos sin producir ciencia”. Otros allegados al gobierno han defendido que la ciencia en México ya no dependerá de un pequeño círculo “científico elitista” gracias a la nueva ley.
La denominada “Ley Buylla”, en referencia a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, establece la creación de una Junta de Gobierno integrada por funcionarios de las Secretarías de Agricultura; Bienestar; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Cultura; Economía, Educación; Energía; Autoridades fiscales; defendiendo; Marina; Ambiente; exteriores; Salud; y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. La legislación deja fuera a los actores de las organizaciones civiles y empresariales, municipios y Estados. La junta, con Álvarez-Buylla al frente, es a partir de ahora la que decide qué presupuesto se pone y qué no. La medida alcanza a los 26 centros públicos que están desvinculados del Conacyt, los cuales pierden de esta autonomía administrativa y la libertad de decidir sobre sus investigaciones.
La prueba piloto de lo que sucederá con los 26 centros ha sido el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde el Conacyt nombró al frente a José Antonio Romero Tellaeche, un hombre cercano al Gobierno mexicano, y luego modificó los estatutos internos. para disminuir su independencia. “Lo que hicieron con el CIDE quedó plasmado en una ley y ahora quieren hacerlo en el resto de los centros públicos”, asegura Alma Maldonado, investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN). “Buylla eliminó a los que eran críticos y trajo a personas que estaban subordinadas a ella”, agrega. Maldonado califica de “desordenado” y “muy crudo” el proceso de aprobación de la nueva ley, y sostiene que el proyecto “subordina las dependencias e instituciones científicas” al Conacyt.
La Junta de Gobierno será entonces quien decida cuál es la “agenda nacional” que define las “líneas de acción en torno a temas estratégicos o prioritarios para el desarrollo del país”, según la ley. “Es la concentración de la toma de decisiones de toda la ciencia mexicana en un puñado de funcionarios”, dice Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Otro de los puntos clave es que la ley prioriza los centros públicos en detrimento de la financiación de los que están en el ámbito privado. “Eso viola la Constitución”, dice Lazcano, quien señala que de esta manera se excluye a muchas personas que hacen investigación en el panorama científico nacional.
El científico agrega que el documento aprobado tiene “defectos brutales” y que es un intento de hacer ciencia “ideologizada”. En la misma línea, el investigador Martín Aluja denuncia la politización que ha sufrido el tema y la “manera precipitada” en que se desarrolló el debate. “México requería una ley de vanguardia, no un instrumento jurídico parroquial. Esa ley que aprobaron no es una ley general, es un manifiesto político”, dice.
La nueva ley también consolida la integración de las Fuerzas Armadas en el organismo que distribuye la inversión estatal en investigación, innovación y tecnología. Tanto el secretario de Defensa como el secretario de Marina ya habían sido incluidos en abril de 2021, bajo decenas de críticas de la comunidad científica. El proyecto sancionado el pasado viernes pone en negro sobre blanco la militarización de la ciencia, incluidas las dos dependencias en la Junta de Gobierno del Consejo. “La nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es un paso más hacia la militarización del país”, dice Luis Omar Montoya Arias, doctor en Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Otro de los puntos más polémicos es la eliminación de la meta que tenía México de invertir a futuro el 1% del PIB nacional en ciencia. La nueva ley establece únicamente que el presupuesto tiene que ser cada año superior al del año anterior. También han dejado fuera en el tema presupuestario la posibilidad de que el dinero que se asigna anualmente contemple la inflación que ha sufrido México en ese periodo. Para Maldonado, lo ideal sería “presionar al actual gobierno para que invierta” en este rubro, pero con la nueva legislación, “si le agregan 10 pesos ya estarán cumpliendo”.
Derivado de lo aprobado por el Senado el viernes, la academia convocó a un paro para el martes 2 de mayo; aunado a que algunos líderes científicos han anunciado que procederán legalmente y llevarán el asunto a la justicia, afirmando puntuales “tenemos los juzgados”, lo cuál destaca es repetido por algunos.
*Con información de El País.