Raúl Muñoz
Aguascalientes, Ags.- A partir del próximo 17 de junio, todas las empresas del sector privado deberán cumplir con las nuevas disposiciones laborales establecidas en la llamada Ley Silla, advirtió el abogado Oziel Guerrero de Anda, director del área Laboral del despacho Vega, Guerrero y Asociados.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo contempla tres obligaciones clave, dotar de sillas con respaldo a los trabajadores para sus descansos, prohibir que se les obligue a estar de pie toda la jornada laboral y adecuar los reglamentos internos para establecer cómo, cuándo y dónde se usarán estos espacios.
“El próximo 17 de junio entra en vigor la reforma y esto quiere decir que todas aquellas personas físicas o morales que tengan un empleado al menos, tienen la obligación de cumplir con esta normatividad”, dijo Guerrero.
Además, las empresas deberán prever cómo se escalarán los descansos para que todos los trabajadores puedan hacer uso de las sillas, aunque no sea simultáneamente.
“Tiene que estar bien determinado y regulado la forma, los tiempos”, puntualizó.
“En una empresa que tiene 100 trabajadores, no necesariamente debe tener 100 sillas con respaldo. Podría tener 25 y escalonar los descansos en rondas”.
Aunque la reforma aplica exclusivamente al sector privado, prácticamente todos los giros deben alistarse, incluidos comercios, industrias de servicios y empresas manufactureras.
Sobre el cumplimiento, advirtió que desde el 17 de junio podrán iniciarse inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo.
“La obligación ya es a partir del 17 de junio, pueden iniciar las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y seguramente así será”.
“La recomendación para todos los empleadores, es que puedan tener al menos, a partir del 17 de junio, las sillas con respaldo suficientes para sus trabajadores y lo que sí tiene todavía un tiempo, son 180 días más que nos vamos hasta diciembre, es para la adecuación de la normativa interna”, precisó. Las sanciones por incumplimiento podrían llegar a mil UMAs por trabajador, lo que equivale a multas cercanas a 600 mil pesos, y que podrían multiplicarse según el número de empleados afectados.