Redacción
Aguascalientes.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes realizó la instalación de su Unidad de Mejora Regulatoria, el evento protocolario estuvo presidido por el Magistrado Presidente, Juan Manuel Ponce Sánchez, acompañado de la Directora General del IGEMER, Silvia González Adame, formalizaron el firme compromiso que han venido desarrollando en los últimos años a favor de mejorar los trámites y servicios que ofrece el Poder Judicial, con el objetivo de contribuir a que la ciudadanía pueda realizarlos con mayor rapidez, eficacia y eficiencia.
Al respecto, el Magistrado Presidente, Juan Manuel Ponce, agradeció el acompañamiento que el IGEMER le ha otorgado al Supremo Tribunal de Justicia, en lo que respecta a la aplicación de la Mejora Regulatoria, principalmente en los trámites que evalúa el Banco Mundial a través del estudio “Doing Business”, en el que Aguascalientes orgullosamente ocupa el primer lugar a nivel nacional, además mencionó que la Unidad de Mejora Regulatoria está conformada por la Oficialía Mayor, Jueces de Oralidad Mercantil del Quinto y Sexto Juzgado, las áreas de Ejecutores y Notificadores Civiles, Informática, y como asesores técnicos, representantes del IGEMER.
Por su parte la Ing. Silvia González Adame, reconoció el compromiso y el trabajo del Poder Judicial, al realizar mejoras en su sistema informático, de notificaciones, reformas a su marco jurídico, lo que implica una reducción de 300 a 90 días en la resolución de los juicios orales mercantiles. Estos trabajos, van de la mano con el ritmo de modernización del Poder Judicial en infraestructura, pues siguen la pauta de reformas en materia de simplificación administrativa.
Acto seguido el Magistrado Presidente, le entregó el nombramiento oficial a cada uno de los integrantes de la Unidad de Mejora Regulatoria para posteriormente realizar la toma de protesta de la UMR.
Para finalizar, González Adame, dijo que gracias al impulso del Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre la política de Mejora Regulatoria ahora está establecida en rango Constitucional y es obligatoria para todos los servidores públicos.