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CDMX.- Al término del mandato de Jaime Rochín como presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sólo se había usado el 7 por ciento de los mil 575 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Una de las últimas víctimas compensadas fue Isabel Miranda de Wallace, la presidenta de Alto al Secuestro, quien por el plagio de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, en el año 2005, recibió poco más de 2 millones 800 mil pesos.
De acuerdo con registros de la CEAV, actualizados a septiembre, el pago se hizo el último día del mes por concepto de compensación como parte de la reparación integral.
Sin embargo, para Wallace esto no es una victoria, ya que la reparación del daño se da después de más de 10 años del secuestro de su hijo, además de que el monto no es el adecuado.
“Eso no se vale, lo que queremos es que las víctimas sean consideradas así desde el momento en que sufren un delito”, refirió en entrevista.
El mandato de Rochín concluyó el pasado 9 de octubre en medio de críticas por no agilizar la entrega de recursos, uno de los principales motivos que impulsó la reforma a la Ley General de Víctimas que se debate en el Congreso y que podría modificar la estructura de la CEAV.
Un día después, Julio Hernández Barros asumió la presidencia de la CEAV y desde entonces ha iniciado el proceso de reparación de al menos tres casos más.
El primero de ellos ocurrió el 12 de octubre, cuando la Comisión aprobó la reparación integral para 14 víctimas del equipo de futbol “Los Avispones” de Chilpancingo, por la agresión que sufrieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Las otras dos reparaciones fueron para militares y sus familias.
Uno de estos casos es el de dos militares que fallecieron cuando criminales derribaron un helicóptero en el que viajaban durante un operativo del Ejército el 1 de mayo de 2015 en Jalisco.
Ese fallo fue el primero con el que se accedió al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral sin que exista una sentencia judicial o una declaratoria de víctima emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El mismo argumento fue usado para compensar al único militar que resultó herido el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, donde los miembros del Ejército abatieron a 22 civiles, de los cuales, según la CNDH, al menos 12 fueron ejecutados arbitrariamente.