Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- A pesar de mantener la etiqueta de un estado pacífico, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha evidenciado una serie de polémicas y movimientos ajenos a la categoría que le adjudican.
El último golpe a la imagen de la dependencia fue la detención de Porfirio Sánchez Mendoza, detenido recién por supuestos actos de tortura cuando aún se encontraba en funciones del cargo.
Sin embargo, en el pasado la dependencia ha visto desde la continúa rotación de cambios con el panista Luis Armando Reynoso Femat, pasando por las bajas en la gestión del priista Carlos Lozano mediante señalamientos de “traiciones”, hasta hechos de inseguridad que han marcado el estado.
Inseguridad y cumbre del narco
El panista Luis Armando Reynoso ratificó la gubernatura para su partido con un carro completo en las votaciones de 2004, que le llevó a ganar la mayoría del Congreso y de las alcaldías. Sin embargo, en materia de seguridad quedó exhibido mediante constante hechos violentos que eran inéditos para el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública estuvo inicialmente en manos de Filiberto Ramírez Lara, quien el 25 de enero de 2005 reconoció que en Aguascalientes residían familiares de narcotraficantes. Declaración que fue desmentida luego por Jorge Martínez Estebanes, secretario de gobierno.
El colmo fue cuando trascendió la realización de una supuesta “Cumbre del Narco”, que según diarios nacionales se celebró en esta ciudad durante junio de 2007.
También se denunciaron abusos hacia los propios elementos. El 26 de septiembre de 2010, el diario Reforma reveló el caso del ex agente ministerial Benito García, quien acusó directamente a Reynoso Femat por solicitar su reincorporación, pese a que médicamente padecía convulsiones, en lugar de apoyarle con una pensión.
Ramírez Lara renunció al cargo en mayo de 2008, siendo nombrado Herberto Ortega, quien apenas duró unos cuantos meses en el puesto. Ante los embates de la inseguridad, se buscó un cambio en el timón. Reynoso Femat nombró como nuevo responsable de Seguridad a Rolando Hidalgo Eddy, un general en retiro con experiencia como agregado militar en Guatemala y que cobró notoriedad en Sinaloa por perseguir de manera continua al narcotraficante Joaquín Guzmán, pero también célebre por su trato despectivo a los medios de comunicación.
Hidalgo Eddy finalmente se mantuvo hasta concluir la gestión, presumiendo estadísticas de supuestos descensos en índices de criminalidad.
“La traición”
Tras recuperar el poder en 2010, el PRI pareció darle continuidad a un proyecto del PAN. El gobernador Carlos Lozano de la Torre ratificó en el puesto a Rolando Hidalgo Eddy en el cargo que venía ocupando desde la gestión de Reynoso.
Pero el 8 de noviembre de 2014, Hidalgo Eddy renunció como responsable jefe de la seguridad estatal. En algunas entrevistas que otorgó a programas radiofónicos, el ex funcionario dejó entrever posibles traiciones que surgieron desde la misma administración estatal. “Me voy mal, no era la forma de que me hicieran esto”, apuntó Hidalgo en una de esas charlas.
La dimisión se generó en medio de especulaciones, aunque en realidad no generó sorpresas luego que desde el año anterior se venían manejando trascendidos en torno a que el general en retiro estaría por abandonar el puesto.
Como relevo, Lozano de la Torre se decantó por otro general en retiro: Eduardo Bahena, quien ya había colaborado en la administración dentro del área de asesores. Bahena pronto tuvo supuestos conflictos en la dependencia, concretamente con Alfonso Palomeque Fuentes quien actuaba como director operativo de la Secretaría y quien renunció en abril de 2015.
Bahena concluiría la gestión estatal, pero con roces públicos ahora con empresarios. El 1 de octubre de 2016, a unos meses de dejar el cargo, el general tuvo señalamientos hacia el dirigente de la Coparmex Francisco Ruiz López, quien había objetado la inseguridad en la entidad. El secretario estatal le tachó como “detractor” y le retó a un debate público.
El funcionario, por cierto, había intentado separarse del cargo unos meses antes, en mayo de 2016, justificando asuntos personales. Pero la licencia fue negada por Carlos Lozano.
El represor
Tras llegar al poder en 2016, el gobierno del panista Martín Orozco Sandoval no se ha caracterizado por la continuidad en su equipo de trabajo, sumando más de 50 cambios de nombres en el gabinete.
Uno de esos ejemplos ha sido la Secretaría de Seguridad Pública. El sexenio arrancó con Sergio Martínez Castuera, pero en mayo de 2018 fue relevado por Porfirio Sánchez Mendoza, vinculado a Genaro García Luna, el ex super policía que se encuentra detenido en Estados Unidos por supuesta relación con el crimen organizado.
El nuevo titular tuvo su mayor polémica a nivel local el 8 de marzo de 2019, después de ordenar la represión de feministas que protestaban frente a palacio estatal y que generó una serie de detenciones y denuncias por supuestos abusos por parte de uniformados tanto estatales como municipales. Meses después, en una comparecencia ante el Congreso, Sánchez Mendoza justificó el accionar policiaco. “Las feministas querían quemar palacio de gobierno y eso no lo voy a permitir”, alegó.
El pasado pareció cobrarle factura a Porfirio Sánchez, quien a comienzos de mes fue detenido por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República (FGR).
El suceso obligó al gobierno panista hacer un nuevo movimiento en la dependencia con la llegada de Jonás Chávez, tercer secretario de seguridad pública en menos de seis años de gobierno.