La Jornada
CDMX.- Los reclusos que trabajen dentro de los centros de reinserción social deberán contar con servicios de seguridad pública, según establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, señaló la Secretaría del Trabajo.
La dependencia indicó que luego de que el pasado 14 de junio la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta que el Senado expide dicha norma, la ley establece que los internos que desarrollen una actividad productiva podrán tener acceso a servicios de seguridad social. Además, se creará un expediente médico que contenga el historial clínico de cada procesado.
Según indicó, en toda actividad productiva que se desarrolle al interior de los penales, deberá imperar el derecho al trabajo con salarios justos y en condiciones dignas.
En cuanto a la emisión de constancia de antecedentes penales el Artículo 27 de la nueva Ley, cancela la información contenida en la base de datos y la registrada en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal, a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “a fin de fortalecer la inclusión laboral de este grupo vulnerable una vez que recuperen su libertad, salvo en los casos en los que lo determina expresamente la ley”.
Respecto de la capacitación para el trabajo, la legislación establece que ésta será acorde a los fines de la reinserción social y al plan de actividades de los reclusos. También especifica que el trabajo dentro de los penales podrá ser en las modalidades de autoempleo, actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción, y las realizadas a cuenta de terceros.