Redacción
En una solicitud conjunta, los 32 gobernadores que conforman la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) pidieron a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, mantener la figura de la prisión preventiva oficiosa en el sistema judicial mexicano.
En una carta dirigida a la presidenta del máximo tribunal, los mandatarios expresaron su preocupación por las consecuencias que podría tener la eliminación de esta medida en la seguridad pública del país y en la protección de testigos y víctimas de delitos graves.
Alertaron que la supresión de la prisión preventiva oficiosa permitiría que personas acusadas de delitos serios salgan de prisión, poniendo en riesgo la adecuada conducción de procesos penales y el esclarecimiento de hechos delictivos.
La prisión preventiva oficiosa, según argumentaron los gobernadores, es una herramienta crucial en la política de combate al crimen, ya que contribuye a garantizar el esclarecimiento de los delitos, proteger a las víctimas, evitar la impunidad y asegurar que se reparen los daños causados por los delitos.
Los mandatarios resaltaron que esta medida se aplica en delitos de alto impacto y de clara repercusión social, cuando otras medidas cautelares resultan insuficientes para asegurar la comparecencia a juicio del imputado o para proteger a la víctima y a los testigos.
Además, hicieron hincapié en la posible saturación de los tribunales federales si se eliminara esta medida, señalando que sería inviable analizar todas las solicitudes de modificación de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Los gobernadores advirtieron que eliminar esta figura en cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vulneraría la Constitución mexicana, al subordinarla a un acuerdo internacional.
Argumentaron que es esencial mantener la supremacía constitucional para evitar un impacto negativo en la seguridad pública y en la culminación de procesos judiciales relacionados con delitos graves.