CNN
CIUDAD DE MÉXICO.- Bertila perdió a su hijo dos veces: la primera vez cuando Carlos Alberto salió de casa en El Salvador para ir a Estados Unidos y encontrar un mejor trabajo; y la segunda, cuando después de haberle dicho que cremarían sus restos, la volvieron a contactar autoridades para decirle que no tenían el cuerpo.
Los restos de Carlos Alberto fueron encontrados en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas.
Sin conocimientos jurídicos, pero sí con el dolor de madre, Bertila llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acompañada de integrantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que la han apoyado desde que su hijo desapareció.
Llegó a México ante la posibilidad de que los ministros discutieran un amparo que ella y la hermana de otro hombre encontrado en las fosas presentaron para que se les reconozca su calidad de víctimas y se les permita tener acceso al expediente de la Procuraduría General de la República y poder obtener fotocopias.
El caso no se discutió, pero Bertila no quiso regresar a su país sin que antes la escucharan los ministros; y así fue, pudo decirles a algunos los motivos por los que su hijo Carlos Alberto dejó su hogar y lo difícil que es para ella vivir en El Salvador sin tener la oportunidad de estar en México y defender sus derechos.
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Años de incertidumbre
Carlos Alberto sabía de los riesgos en Tamaulipas. Había escuchado de la masacre en 2010 de 72 migrantes en San Fernando, pero ni eso, ni las plegarias de su madre, evitaron que a sus 27 años de edad dejara El Salvador para obtener dinero, ya que en poco tiempo nacería su hija.
“México robó los sueños de mi hijo, de la niña que no había nacido y de toda la familia”, enfatizó Bertila después de recordar que Carlos Alberto salió de casa el 17 de marzo de 2011 y por la tarde le llamó por teléfono para avisarle que estaba en Monterrey y compraría un boleto de autobús para la frontera norte en México.
En la noche, Carlos Alberto le dijo a su hermano Jorge que iba a tomar el autobús, pero su familia no sabe si lo abordó, ya que al día siguiente no llegó con la persona que lo esperaba en la frontera, y ocho días después, su madre denunció la desaparición en la cancillería de El Salvador.
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Hasta diciembre de 2012, Bertila fue contactada por autoridades de su país para informarle que encontraron un cuerpo en las fosas de San Fernando, compatible con las muestras de ADN que le tomaron a ella y a su esposo.
Días después le llamaron de cancillería de El Salvador para pedirle que firmara unos documentos porque, según autoridades mexicanas, los restos de su hijo serían cremados, pero ella se negó porque quería saber cómo perdió la vida y sepultarlo como se acostumbra en su pueblo.
“A los pocos días me llega otra nota que nunca habían mandado, la nota de cremación, porque no tenían los restos de mi hijo”, recordó Bertila.
Después le informaron que sí habían encontrado el cuerpo.
“Pude identificarlo por sus pies y por los dientes, ya tenía tres años y 10 meses”, señaló la mujer de 55 años de edad que es integrante de un comité de migrantes desaparecidos.
Las inconformidades
Este miércoles se resolverá el amparo, aunque el proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo no dejó satisfecha a Bertila ni a la organización que la acompaña, ya que consideran que no se toma en cuenta que las quejosas y las víctimas directas son migrantes.
De acuerdo con Ana Lorena Delgadillo, directora de esta organización, tampoco se analiza el caso bajo violaciones graves de derechos humanos, ni el contexto de violencia en Tamaulipas, como el hallazgo de fosas, la masacre de migrantes y los secuestros y desapariciones.
Según el proyecto, las víctimas son las personas que resienten un daño económico, físico, mental y emocional, o que ponga en peligro o lesione sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de un delito o de violaciones de derechos humanos.
Es por eso que reconoce a los familiares como víctimas indirectas del delito, pero establece parámetros para acreditar esta calidad.
Delgadillo aseguró que es un proyecto débil porque no se les considera a Bertila y a su hijo como víctimas de desaparición.
Además a Bertila se le da la calidad de víctima a partir de la identificación de los restos.
De acuerdo con el ministro, el Estado mexicano debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los responsables mediante una investigación con la debida diligencia, completa y exhaustiva.