Mauricio Navarro
“Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia”.
Albert Einstein
Aguascalientes, Ags.- La crisis de institucionalidad que vive el país es una señal muy clara de la urgencia que tienen los órdenes de gobierno para lograr una mayor legitimidad y su fortalecimiento frente a los poderes fácticos. Aunque esta situación es apremiante y notoriamente visible, pocos actores políticos tienen la claridad para operar con sus propios instrumentos de poder esta necesaria dotación de fuerza que requiere el Estado mexicano.
Hace algunos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió la impugnación de la coalición Aguascalientes Grande y Para Todos, en la que se acusó al clero de realizar proselitismo o propaganda a favor del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Orozco Sandoval; el punto fue tan relevante que los 6 magistrados coincidieron en que hubo injerencia de la iglesia católica, pero para algunos no se podía comprobar el nivel de injerencia en el voto de los ciudadanos.
Enfrentarse a la iglesia católica seguro tiene sus consecuencias, y no precisamente celestiales; aquí la cita de lo concluido en la Sesión del TEPJF: “se ordenó dar vista a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), con copia certificada de las constancias que integran el expediente y su resolución, para que en el ámbito de sus respectivas competencias determinen lo que en derecho proceda por la injerencia de los ministros de culto de la iglesia católica de Aguascalientes en el proceso electoral”.
De acuerdo al artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la dependencia gubernamental tomará una decisión de acuerdo a lo que emita la mayoría de los participantes de una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación; este procedimiento contempla la evaluación de pruebas y la posible comparecencia del interesado de los hechos que se consideran violatorios de la ley.
En caso de que esta comisión dictamine una resolución en contra del Obispo de Aguascalientes, José María de la Torre, este podría ser sancionado de acuerdo al artículo 32 de la misma ley, donde se contemplan estas posibles infracciones:
- Apercibimiento;
- Multa de hasta veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- Clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público;
- Suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o bien en un Estado, municipio o localidad; y,
- Cancelación del registro de asociación religiosa.
La sanción será interpuesta por la Segob y valorará elementos como la reincidencia, el daño causado y la gravedad de la falta.
Es entonces que la dependencia federal tendrá una encomienda muy importante para que el Clero evite entrometerse en cada proceso electoral que ellos crean pertinente participar de manera activa, incluso la sucesión presidencial; esta ocasión el motivo fue la presentación de la iniciativa respecto a los matrimonios igualitarios, pero lo mismo puede suceder con otros asuntos que trastoquen sus intereses.
Queda la asignatura pendiente para un Obispo que se ha mostrado intolerante, homofóbico, irrespetuoso e incluso beligerante ante la diversidad de opinión y las libertades individuales. Ojalá que el castigo sea ejemplar, la crisis es del Estado y no del cielo.
@mauags