Francisco Espinosa
Aguascalientes, Ags.- José Narro Céspedes, dirigente nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, se mostró satisfecho por el Frente Campesino ‘El campo es de todos’ que se ha organizado en todo el país para marchar en conjunto y paulatinamente directo a la Ciudad de México en lo que han catalogado como ‘Caravana Nacional Campesina e Indígena por el derecho a la alimentación y territorio’, la cual prevé arribar a la capital del país el próximo 14 de octubre.
“Aunque el campo es el sector más dinámico de la economía de este país con un crecimiento del 6% anualmente y que este año traerá más de 30 mil millones de divisas a México, los más de cinco millones de jornaleros agrícolas no tienen prestaciones ni seguridad social, y viven en condiciones deplorables, afectando notoriamente sus derechos humanos”, expresó tajante.
Agravando el entorno del campo, informó que el 80% de la población indígena que vive del campo (10 millones de mexicanos), viven en pobreza. Aseveró que a pesar de que es un sector dinámico, hay un abandono de las políticas públicas. “Prácticamente el gobierno ha subsidiado a los grandes monopolios que actúan bajo políticas de depredadores y devastaciones en el campo”.
Sobre esto, mencionó el caso concreto de la Corona en Zacatecas, a la que el gobierno le entregó 50 mil hectáreas de semillas de cebada. “Con esto, se les abandona a los productores locales, quienes se ve afectados por los incrementos del diésel y de la luz eléctrica, quedándose incapaces de competir ante esta realidad”.
Reiteró en que en el país prevalece una política que tiene como base el despojo de la propiedad social de la tierra y que no protege al indígena, favoreciendo a los intermediarios y acaparadores, y subsidiar a los grandes monopolios y empresas trasnacionales a costa de la pobreza del campo. “A pesar del compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, han habido recortes de ocho mil millones de pesos durante 2016 y el próximo año habrá otro de 16 mil millones”.
Debido a esta realidad, declaró que el único camino es dar lucha en busca de que cambie el modelo de hacer las cosas. “Queremos políticas públicas que defiendan a los productores locales. Queremos obligar al estado para que cualquier obra que se haga en las comunidades rurales sea consultada e informada para llegar a un acuerdo y se evite el despojo”.
Por último, comentó que “en esta lucha daremos la batalla por los derechos a favor del campo. Queremos cambios en el presupuesto. No es posible que el 90% vaya a la agricultura industrial. Queremos soberanía alimentaria. El campo no sólo es la gente rural, sino también la de la ciudad. Le debe interesar que tengamos un campo digno y próspero”.