Redacción
En Sinaloa, en la localidad de Escuinapa, se ha creado una campaña de hostigamiento en las redes sociales en contra de la periodista Carolina Tiznado, quien es corresponsal del diario Noroeste. El mismo rotativo ha solicitado a las autoridades locales que le brinden seguridad a la periodista y a su familia, así como que se investigue toda la campaña de desprestigio hacia ella.
El diario Noroeste señaló que las agresiones son provenientes de cuentas falsas que incluso interactúan con algunos funcionarios públicos municipales. Además, denunciaron que Emmett Soto Grave, el alcalde de Escuinapa, ha descalificado el trabajo realizado por la periodista diciendo “podría ser buena madre o ama de casa, pero no periodista”.
Sobre este tema, la organización Artículo 19 apuntó este caso como un ejemplo claro de cómo los presidentes municipales de distintas partes del país toman el discurso de López Obrador hacia la prensa, lo que aumenta la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan los comunicadores.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatiza constantemente a la prensa en sus conferencias de prensa mañaneras, lo que provoca que otros funcionarios públicos se envalentonen para atacar a periodistas incómodos”, afirma Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19. La organización ha documentado casos similares en otros municipios en Sinaloa, y en Veracruz, dos de los estados más mortíferos para los informadores en México. Ruelas lamenta que no haya una contranarrativa al mensaje presidencial por parte de altos funcionarios públicos. “El reconocer la labor de la periodista públicamente debiera ser la primera medida a adoptar por el Mecanismo de Protección para Periodistas”, afirma Ruelas.
La misma organización, Artículo 19, publicó un informe en el que se analiza el primer semestre de este año y advirtió que en ese lapso fueron perpetrados 11 periodistas, tres de ellos en agosto. Además de esa cifra, registraron 249 agresiones contra periodistas, y un 42% de ellas se relacionaron con agentes del Estado.
“En algunos Estados los periodistas enfrentan políticas públicas que limitan la libertad de expresión, en Coahuila, por ejemplo, existen “tipos penales” que pueden ser utilizados por el propio Estado para inhibir de facto la libertad de prensa”.
La organización Reporteros sin Fronteras advirtió en un comunicado que el número de periodistas asesinados en el primer semestre del año supera al 2018 y convierte a México en el país más peligroso del mundo para la prensa. La organización exhortó al gobierno mexicano a mejorar el Mecanismo de Protección para Periodistas, creado en 2012.
Norma Sarabia, corresponsal del semanario Chontalpa, fue asesinada en junio pasado en Tabasco.
Por su parte, Alejandro Hope, analista en materia de seguridad, advirtió:
“Si continúa la tendencia se convertiría en el peor año de violencia contra periodistas desde que se tiene memoria”
Hope señaló que el Mecanismo de Protección no tiene identificados los puntos de riesgo para los periodistas y por ende, tampoco se puede actuar de la manera correspondiente, limitando así los recursos materiales y humanos para lograrlo.
Por petición del mismo gobierno mexicano, el representante del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, presentó un diagnóstico sobre el funcionamiento de dicho mecanismo, en el que destaca graves insuficiencias presupuestales e institucionales. “El compromiso institucional debe generarse y comunicarse desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, y debe ser adoptado y replicado por las gubernaturas estatales y los titulares de las instituciones federales”, reza las recomendaciones del diagnóstico, presentado el 26 de agosto pasado.
Hasta el momento, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas resguarda a 337 comunicadores y 635 defensores de los DD.HH.
“Tiene que haber una política de protección integral y una política de Estado para garantizar la libertad de expresión. Esto implica desde reformas legales, a nivel estatal, a nivel federal, pero también implica una actividad mucho más decidida por parte de las fiscalías para sancionar a los perpetradores de las agresiones”, afirma Ana Cristina Ruelas.
Con todo esto, Alejandro Hope destaca que no se han activado investigaciones en ninguno de los asesinatos contra periodistas y tampoco se les ha destinado los recursos suficientes para dar con los responsables. Es entonces cuando la impunidad se manifiesta.
“Ni en los casos icónicos como el de Javier Valdés o Miroslava Breach. No parece que hayan destinado suficientes recursos, por lo que no hay una protección efectiva de los que están vivos, pero bajo riesgo, ni tampoco una investigación de los que ya murieron”, asegura.
Con información de DW