Francisco Espinosa
Aguascalientes, Ags.- En la memoria de los aguascalentenses ha quedado el 16 de agosto del 2015 como un episodio lejano que alguna vez acaparó las más rutinarias conversaciones y que pusieron al estado en la palestra nacional, mientras el Club Necaxa intentaba manejar de buena manera la presión social por una postura que tardó en llegar mientras se intentaba salir del oscuro letargo deportivo en el que se encontraba.
Desde que Luis Gorosito y Alejandro Molina fueron detenidos por una pelea trasnochera a las afueras de un bar, Necaxa no solo dejó la división de ascenso del futbol mexicano, sino que se convirtió en el equipo sensación del máximo circuito tras llegar a semifinales, cuando nadie había apostado por ellos para ser protagonista. Mientras al club le ayudó la buena forma de sus futbolistas para ir dejando atrás ese recuerdo fastidioso, los dos exfutbolistas vieron como su tiempo tras las rejas se iba alargando gracias al virtuoso trabajo de sus abogados.
Fue ahí en prisión cuando se enteraron que Luis Mariscal, joven universitario con quien se pelearon había fallecido tras unas semanas en coma. A pesar de que se logró determinar que el conflicto se trató de una riña y no un acto ventajoso, los implicados tuvieron que irse acostumbrando a las pequeñas celdas y a las innumerables audiencias.
Tras un cambio de gobierno y en camino a cumplirse dos años del suceso, Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, sigue respondiendo con la misma frase desde hace unos meses al respecto: “estamos esperando que se resuelvan los amparos que la defensa solicitó”.
Sin embargo, ahora el funcionario se ha animado a poner un plazo, simplemente basado en su percepción y experiencia respecto a estos casos. “Quedan pendientes dos amparos, los cuales confío y creo que podrán quedar resueltos por la autoridad federal en unos 30 días”, precisó.
Aclaró, eso sí, que la postura de la fiscalía sigue siendo la misma que los jugadores son culpables de homicidio dolosos y por ello la condena podría llegar hasta los 40 años de prisión.