Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- En lo que va del 2020, el Congreso local ha sido exhibido reiteradas veces en materia judicial a través de una serie de fallidos acuerdos que parecen ya no sorprender ni siquiera a sus propios integrantes.
Lo mismo se ha exhibido al Legislativo del estado por invadir facultades federales, que por atentar contra la educación en planteles escolares y hasta por determinar el futuro de integrantes del Poder Judicial.
La situación ha llegado a un grado que incluso han surgido voces desde el interior del Congreso, pidiendo “dejar de hacer el ridículo”.
Contra los derechos humanos
A finales de mayo, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad un dictamen presentado por la diputada Karina Banda Iglesias, entonces de Nueva Alianza y hoy en el Partido Verde, el cual incluía la medida del llamado Pin Parental, fomentada por agrupaciones ultraconservadoras para regular la educación sexual en planteles escolares.
Tras ser avalado el documento, algunos diputados de Morena y del PRI comenzaron a echarse para atrás y pidieron que el dictamen fuese anulado, argumentando que afectaba entre otros aspectos la educación laica.
Aunque el PAN y otros institutos insistieron en mantener el documento, para mediados de agosto la Suprema Corte dio un primer revés a la Legislatura de Aguascalientes y determinó que el Pin Parental era inconstitucional.
Prisión preventiva
A mediados de año hubo otro revés para el Congreso, luego que el pleno avaló algunas reformas al Código Penal para aumentar sanciones a acusados por cometer delitos que ameritaban una prisión preventiva
Sin embargo, el martes 21 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo estas adecuaciones determinadas por los legisladores de Aguascalientes, argumentando que se trataba de un aspecto que le corresponde al Legislativo, pero federal.
Un día después, el panista Guillermo Alaniz de León, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, aceptó la determinación; pero rechazó que fuese un revés para el Poder Legislativo.
“No es que nos enmiende la plana, sino que en su momento se tomaron documentos que no limitaban al Congreso del Estado, sobretodo en el tema de robo calificado que es donde estábamos solicitando”, apuntó en su momento.
El caso de la magistrada
El último descalabro legal del Congreso se concibió el pasado 12 de noviembre, cuando en sesión ordinaria, el pleno del Legislativo votó por mayoría un dictamen de la comisión de Justicia que rechazaba la petición de reelección de la magistrada Gabriela Espinosa Castorena en el Poder Judicial.
Previo a la votación, la panista Karina Eudave Delgado tomó la palabra y cuestionó que el documento no podía ser analizado por el Legislativo, adjudicando esas facultades al Consejo de la Judicatura. “Nos quedan menos de once meses en la Legislatura y no debemos usurpar facultades que no tenemos”, subrayó.
Hubo voces entre los mismos diputados de que les habían entregado un documento de 400 páginas, pero sin el suficiente lapso de tiempo para estudiarlo.
Una semana después, el Juez Quinto de Distrito desestimó la votación del Congreso y otorgó una suspensión a favor de la magistrada Espinosa para continuar en su cargo donde se desempeña desde 2005.
Luego de éste último revés del Legislativo, el diputado del PAN, Gustavo Báez Leos, advirtió el fallo y durante la sesión virtual del jueves 26, demandó mayor acción de la soberanía.
“Hago un llamado a que nos mantengamos en generar políticas que le abonen al estado y no a destruirlo. Evitemos hacer el ridículo frente otros tribunales”, declaró Báez Leos al emitir un posicionamiento.
La sentencia no recibió mayores comentarios de los legisladores conectados a la sesión.