Redacción
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) expresa su total respaldo a que los casos de desaparición forzada en México sean analizados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, en su caso, que la Corte Penal Internacional asuma su competencia para investigar estos crímenes que podrían ser considerados de lesa humanidad.
A finales de septiembre o inicios de octubre de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidirá si presenta el caso de las desapariciones forzadas en México ante la Asamblea General del organismo. Esta posibilidad surge tras la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que implica que existen fundamentos para suponer que dichas desapariciones podrían ser generalizadas o sistemáticas.
Mientras tanto, el comité elabora un cuestionario dirigido al gobierno mexicano, que ha expresado una postura de cooperación a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. No obstante, dichas autoridades niegan la existencia de una política de desaparición forzada desde el Estado. En caso de que el Comité decida elevar el caso a la Asamblea General, México podrá entablar negociaciones antes de la votación formal, la cual buscaría alcanzarse por consenso con el secretario general de la ONU.
Las reacciones oficiales a esta posible intervención han sido contundentes. Autoridades del gobierno federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y legisladores oficialistas han descalificado la postura del comité, alegando juicios infundados y descontextualizados. La presidenta Claudia Sheinbaum ha negado categóricamente la existencia de desaparición forzada desde el aparato estatal, una afirmación que expertos consideran como una estrategia defensiva, pero que podría resultar contraproducente.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Amnistía Internacional, representada por activistas como Michael Chamberlin y Edith Olivares, han urgido al gobierno mexicano a responder con seriedad al comité, demostrando acciones concretas para la búsqueda de personas desaparecidas y la prevención de nuevos casos. Subrayan que lo más importante no es la presión internacional, sino el bienestar de las víctimas, en un contexto donde existen más de 127 mil personas desaparecidas en el país, reflejando una crisis humanitaria de gran magnitud.
Ante este panorama, el Dr. Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe de la CIDHPDA, enfatizó la urgente necesidad de detener el alarmante crecimiento de desapariciones forzadas en México y evitar que esta problemática se extienda hacia otros países de América Latina. Destacó que proteger la vida de las personas es un deber irrenunciable, ya que estas acciones criminales afectan profundamente a la humanidad y generan consecuencias devastadoras como desplazamientos forzados, migración, inseguridad, corrupción y omisiones por parte de las autoridades responsables.
El Dr. Gutiérrez Yáñez hizo un llamado a que los protocolos y mecanismos internacionales se hagan presentes y actúen con firmeza para dar cumplimiento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantizando así la seguridad y el proyecto de vida de miles de personas que corren riesgo de caer en manos del crimen organizado.
Asimismo, subrayó que los compromisos internacionales ratificados por México y otros países latinoamericanos en materia de derechos humanos deben ser respetados, valorados y protegidos por los gobiernos actuales. “Es necesario erradicar cualquier decisión que implique retrocesos políticos, sociales, económicos o humanitarios”, concluyó.