Redacción
Estructuras federales, estatales y municipales de la Cuarta Transformación, junto con la organización “Construyendo Justicia”, operaron durante semanas una red para imponer candidatos afines en la elección judicial del pasado 1 de junio, reveló una investigación de Proceso basada en testimonios directos y denuncias formales.
La jornada histórica, en la que por primera vez se eligieron por voto directo a nueve ministros de la Suprema Corte, 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito, estuvo marcada por estrategias de movilización operadas desde el gobierno y el partido Morena, según relataron ciudadanos, aspirantes y colaboradores en entidades como Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Chihuahua, Sonora, Jalisco, entre otras.
“Construyendo Justicia”, presentada como plataforma ciudadana apartidista, fue lanzada públicamente por el diputado federal morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, quien convocó a militantes y líderes sociales a formar comités estatales. Sin embargo, testimonios recogidos apuntan a que la plataforma funcionó como una agencia paralela de colocación de candidatos, con tarifas de hasta 400 mil pesos por servicios de promoción y acceso a eventos.
“Es una organización para posicionar a quienes pueden pagar”, afirmó un aspirante que pidió el anonimato. Otro denunció que fue excluido al no contar con recursos.
Además, se documentó la participación de servidores públicos como Diego Hernández, delegado del Bienestar en CDMX, así como operadores locales en Puebla y Morelos, quienes articularon acciones para movilizar votantes y asegurar apoyos.
“Ramírez Cuéllar nos pidió llevar listas con nombres y credenciales para asegurar la participación. Habló de cumplir con el mandato presidencial”, relató un testigo en Cuernavaca. Grabaciones en poder de Proceso confirman el uso de “acordeones” con indicaciones de voto.
El uso de recursos públicos y padrones sociales motivó denuncias formales. El PAN acusó penalmente a funcionarios de Morena por crear un sistema de control territorial y mediático. A su vez, la organización Justicia Común denunció ante el INE y la Fepade a la secretaria de Bienestar, Adriana Montiel, y a los “Siervos de la Nación”, por repartir propaganda y simulaciones de boletas en domicilios y espacios públicos.
“Nos dijeron que si no votábamos como decía el papel, perderíamos nuestras pensiones”, relató una habitante de San Pablito, Puebla.
Con información de: Proceso