Redacción
Ciudad de México.- En 1971 el gobernador Eduardo Ángel Elizondo Lozano promulgó una nueva Ley Orgánica para la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que prácticamente suprimía la autonomía de la institución y que fue rechazada por los sectores estudiantiles y académicos, quienes declararon una huelga e iniciaron una serie de protestas que desembocaron en un conflicto político que se tradujo en la matanza, el 10 de junio de ese año (Jueves de Corpus) en la capital de la República.
Habían pasado dos años y ocho meses de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.
El gobierno estatal había reducido el presupuesto de la Universidad como “escarmiento” por la decisión de profesores y estudiantes de imponer un gobierno paritario a finales de 1970. Ante el ataque, la comunidad universitaria inició una huelga y emitieron un llamado de solidaridad al resto de universidades del país.
Estudiantes del IPN y de la UNAM respondieron al llamado y convocaron a una concentración que salió a manifestarse en solidaridad con los compañeros de la UANL, la primera después del 2 de octubre de 1968.
La marcha, que aglutinó a cerca de 10 mil personas según las crónicas de la época, comenzó en el Casco de Santo Tomás y recorrería las avenidas Carpio y de los Maestros para salir a la Calzada México-Tacuba para dirigirse al Zócalo capitalino.
Las calles que desembocan a la Avenida de los Maestros estaban bloqueadas por granaderos y agentes policiacos, los cuales impidieron el paso de los estudiantes. Había tanques antimotines sobre Melchor Ocampo junto con transportes del ejército, los cuales se ubicaban cerca del Colegio Militar y camiones con granaderos el cruce de las avenidas Melchor Ocampo y San Cosme.
Un grupo de choque entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y la CIA, conocido como Los Halcones, todos ellos jóvenes de extracción militar, principalmente, y al grito de “¡Viva el Che Guevara!” descargó balas calibre 45 y carabinas 30 M-2 sobre los manifestantes.
El tiroteo se prolongó por varias horas, mientras que algunos transportes daban apoyo logístico a paramilitares, dotándolo con armas y transportes improvisados, como lo fueron automóviles privados, camionetas, patrullas policíacas e incluso una ambulancia de la Cruz Verde. Los heridos fueron llevados al hospital Rubén Leñero, los Halcones llegaron al nosocomio y allí dieron remate a los jóvenes aún en los quirófanos, además de intimidar a los internos y al personal médico.
Los medios impresos asegurarían que la cifra de muertos no pasaba de los 16, mientras que había testimonios de 30 cadáveres en el hospital Rubén Leñero. Posteriormente se publicaría una lista de 27 nombres y 13 más sin identificar. Hasta hoy, la cifra sigue sin ser exacta, pero no es menor de 120.
Esa misma noche, el Ejército resguardo Palacio Nacional y el presidente Luis Echeverría Álvarez anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables.
Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad y paradójicamente gobernador de Nuevo León de agosto de 1979 a agosto de 1985, y Julio Sánchez Vargas, procurador general, negaron la existencia de Halcones; y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros.
Pasó una semana hasta que el coronel Manuel Díaz Escobar (subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal) aceptara que los había, pero no los involucró en la masacre.
Hubo periodistas agredidos y la evidencia gráfica de los sucesos logró que la prensa contradijera la versión oficial del gobierno y aceptara la existencia del grupo. Prensa nacional y extranjera cubría la movilización y fueron agredidos también de forma brutal. A muchos les destruyeron sus cámaras, otros fueron golpeados.
Martínez Domínguez entregó su renuncia a Echeverría el 15 de junio pues estaba convencido de que los manifestantes habían sido provocados, entre otras cosas, para que el gobierno tuviera un pretexto y se deshiciera de él. Durante años, Martínez Domínguez recibió el apodo popular de “don Halconazo”, en alusión a la Matanza del Jueves de Corpus.
Luis Echeverría, (con casi 100 años de edad, y recluido en su casa San Jerónimo) sería señalado como responsable de esta masacre, sin embargo, tras casi 30 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le exoneró de toda responsabilidad, terminado así formalmente el 26 de julio de 2005 con el juicio sobre los hechos del 10 de junio de 1971, como se hizo posteriormente en 2009, por el genocidio cometido en 1968.
Alfonso Martínez Domínguez, en declaraciones a Proceso, en 1979, acusó: “La matanza del jueves de Corpus fue preparada por Luis Echeverría para matar dos pájaros de un tiro: escarmentar, decía, a quienes querían provocarlo al inicio de su gobierno y deshacerse de mí. Yo tenía pasado y fuerza política. Le hacía sombra”.
Con información de Infobae