Redacción
Venezuela.- Venezuela anunció el miércoles que activará el proceso para salir de la OEA en respuesta a la decisión que tomaron 19 países de la organización para convocar a un encuentro de cancilleres y debatir la crisis del país suramericano.
En una transmisión desde el palacio presidencial, la canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo que Caracas presentará la carta de denuncia de la OEA a partir del jueves e iniciará un proceso que tardará 24 meses para salir de la organización.
El artículo 143 de la Carta de la OEA estipula que cualquier Estado miembro podrá notificar por escrito al secretario general su intención de retirarse y que transcurridos dos años el Estado quedará desligado después de haber cumplido con sus obligaciones.
Caracas adeuda actualmente 10,5 millones de dólares, ya que desde hace varios años no cotiza su cuota anual de 1,8 millones de dólares.
Al rechazar la decisión de Consejo Permanente, Rodríguez afirmó que lo que se pretender es “intervenir” y “tutelar” a Venezuela y sostuvo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no aceptará esas acciones.
Asimismo, la canciller indicó que a partir de ahora Venezuela no participará en ninguna actividad de la organización en la se pretenda posicionar el “intervencionismo” y el “injerencismo” de las naciones que, sostuvo, buscan “perturbar la estabilidad y la paz” de su país.
La decisión de Venezuela de salir de la OEA, a la que ingresó en 1948 como miembro fundador, se da el mismo día de una nueva jornada de protestas en Caracas y en un contexto creciente tensión política que por las manifestaciones ha dejado 29 muertos y más de 437 heridos. Maduro ha rechazado las acciones de sus adversarios, a los que ha acusado de promover acciones violentas para dar un golpe de Estado.
Minutos antes, cuando el Consejo Permanente de la OEA anunció su decisión de convocar a la reunión, no se especificó fecha ni lugar.
Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, dijo antes de la votación que este encuentro no forma parte del procedimiento estipulado en la Carta Democrática Interamericana como paso previo para una posible suspensión de un Estado miembro donde haya ocurrido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático.