Redacción
Mientras la atención pública se concentra en la reforma de telecomunicaciones y su posible impacto en la libertad de expresión, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa otra iniciativa que plantea la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y su reemplazo por un nuevo órgano subordinado al Ejecutivo.
La iniciativa fue enviada al Senado y propone reformar la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley de Entidades Paraestatales para crear una “Comisión Nacional Antimonopolio”, que estaría integrada por comisionados nombrados directamente por la Presidencia de la República y ratificados por un Senado con mayoría oficialista.
Juan Ortiz, especialista en Gestión Pública y Parlamentos, advirtió en su cuenta de X que esta propuesta “es una más que ya ni se nota”, pero representa un cambio estructural de alto impacto. “Sheinbaum mandó otra bomba legislativa al Senado”, escribió.
El documento legislativo plantea reorganizar por completo la autoridad encargada de vigilar y sancionar prácticas monopólicas, bajo el argumento de fortalecer sus facultades. No obstante, expertos advierten que el verdadero objetivo es restarle autonomía.
La nueva comisión también tendría facultades para regular contenidos y plataformas digitales bajo el paraguas de la “competencia económica”, lo que ampliaría el alcance del Ejecutivo sobre sectores estratégicos, incluyendo telecomunicaciones y radiodifusión.
“Y sí… más cambios en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (otra vez)”, alertó Ortiz.
Con esta iniciativa, se acentúa una tendencia en el actual gobierno de desaparecer órganos autónomos y concentrar facultades en el Ejecutivo, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones civiles, legisladores opositores y académicos.
El detalle que ha causado mayor preocupación es que tanto los comisionados como la persona titular del nuevo organismo serán designados desde Palacio Nacional, eliminando los contrapesos que caracterizaban al diseño original de la Cofece, organismo creado en 2013 con autonomía constitucional.