Un detenido por fraude en voto migrante

Terra

Tapachula, México.- La Procuraduría de Chiapas detuvo y consignó a Carlos Alberto Díaz Hernández, representante legal de la empresa DSI Elecciones S.A. de C.V., por presuntamente alterar el listado nominal de chiapanecos en el exterior para la elección del diputado migrante y favorecer al candidato del PVEM, Roberto Pardo Molina.

El Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dictó este miércoles el auto de formal prisión por los delitos de fraude y asociación delictuosa, por lo que Díaz Hernández fue recluido en el penal estatal El Amate.

La acción judicial derivó de las investigaciones que realiza la Fiscalía Electoral del Estado sobre las irregularidades en el proceso del voto de los chiapanecos en el extranjero.

El representante legal de DSI Elecciones, informó la Procuraduría, fue el responsable de firmar el contrato con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para, mediante un sistema electrónico, hacerse cargo del registro de electores e integrar la lista nominal, así como de recabar y contar los votos.

Según la averiguación previa 005/FE/2015, en el listado nominal de chiapanecos en el exterior aparecieron ciudadanos que nunca han estado fuera de México y que por estar en esa base de datos no pudieron votar de manera local en los comicios de julio pasado.

“La empresa inscribió a electores chiapanecos en el listado nominal, sin que ellos lo hayan solicitado y sin que éstos radicaran en el extranjero, lo que se comprobó con el testimonio de diversos ciudadanos”, expuso la autoridad en su reporte.

Según las pesquisas, la empresa manipuló el voto en favor del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Roberto Pardo Molina, quien recientemente fue desaforado para enfrentar las investigaciones en su contra.

Pardo Molina es primo de Manzur Salomón Molina, dueño de DSI Elecciones.

La Procuraduría afirmó que de esta manera se configuró un fraude contra el órgano electoral de Chiapas.

“Las pruebas recabadas señalan que se cometió un delito electoral, dado que la empresa alteró documentos públicos electorales (listado nominal de electores chiapanecos radicados en el extranjero)”.