Redacción
Un total de 159 colectivos indígenas y 85 particulares, entre civiles e investigadores, se han pronunciado en contra de la construcción del Tren Maya en el sureste mexicano ya que consideran que “se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho”.
A través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en días recientes dio inicio a la construcción de este proyecto, los colectivos manifestaron que la obra los tomó en cuenta y además carece de una evaluación integral que descarte los impactos irreversibles a causa de los trabajos que se realicen en la zona.
Incluso, 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (Conacyt) señalaron los riesgos en este nivel que tendrá el proyecto, como la degradación, deforestación y fragmentación de 23 zonas naturales protegidas, las cuales, advirtieron, podrían convertirse en “áreas biológicamente inhóspitas”.
De igual forma, los indígenas señalaron que el proceso ha sido opaco por la falta de información, que beneficiará a grandes consorcios empresariales y criticaron el hecho de que ha avanzado aun cuando la emergencia sanitaria por la COVID-19 sigue en un estado de alerta máxima, pues esto representa poner en riesgo de contagios a los y las trabajadoras.
De acuerdo con información del gobierno de México, la construcción del Tren Maya es un tema de suma relevancia, pues durante el 2020 generará cerca de 80,000 empleos, lo cual podría ayudar al país en la reactivación económica después de la emergencia sanitaria. Además, para 2030 proyectan gracias a esta obra salgan de la pobreza 1.1 millones de personas en la zona.