Redacción
Tras una audiencia de ocho horas, un juez del Poder Judicial del Estado de México otorgó a Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), la suspensión condicional del proceso penal por el incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y 27 más resultaron lesionadas.
El juez Víctor Manlio Hernández Calderón aceptó la solicitud de la defensa de Garduño para adelantar la audiencia originalmente programada para marzo, permitiendo que el funcionario evitara un juicio penal a cambio de cumplir diversas condiciones. Entre ellas, se comprometió a pedir disculpas públicas a las víctimas, acudir semanalmente a firmar ante el Poder Judicial, no cambiar de domicilio, tomar cursos en derechos humanos y protección civil, y supervisar trimestralmente las estaciones migratorias.
Este beneficio, que equivale en términos reales a una absolución, ha generado indignación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y las víctimas, quienes argumentan que Garduño no ha cumplido con la reparación del daño de manera personal.
Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), señaló que la decisión del juez refleja una operación de protección hacia Garduño. “Con el dinero de nuestros impuestos estamos cubriendo la negligencia que provocó la muerte de 40 personas. Fue exonerado sin haber pagado un solo peso de su bolsa”, expresó.
Durante la audiencia, la defensa de Garduño argumentó que las compensaciones económicas otorgadas por el INM a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en cumplimiento de una recomendación de la CNDH, eran suficientes para considerar saldada la reparación del daño. Sin embargo, Valdez subrayó que estas compensaciones no sustituyen la responsabilidad penal ni la obligación personal del acusado.
A pesar de las críticas, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni los representantes de la CEAV se opusieron al beneficio concedido a Garduño, lo que, según Valdez, evidencia un manejo sesgado del caso.
La representación de las víctimas tiene cinco días para impugnar la resolución, lo que deja abierta la posibilidad de que Garduño enfrente un juicio penal. Mientras tanto, el funcionario seguirá en su cargo al frente del INM, pese a haber reconocido en audiencia su responsabilidad en el caso.