Se posiciona CIDHPDA sobre ente Buscador de personas del gobierno de la CDMX

Comunicado

Ciudad de México.-Ante la crisis que enfrenta México en cuanto a la desaparición forzada la Ciudad de México ha implementado una estrategia de seguridad para dar seguimiento a los casos de desapariciones, provocadas tanto por la violencia delictiva como por la “guerra contra el narcotráfico”. Este programa comenzará en las próximas semanas de 2025, con la creación del Gabinete de Coordinación Interinstitucional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual fue confirmado en una reunión el 23 de enero de 2025 por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El objetivo principal del gabinete será coordinar los esfuerzos de localización en la zona metropolitana, colaborando con diversas instituciones encargadas de atender estos casos. Además, el gobierno capitalino se comprometió a presentar una propuesta integral a las organizaciones de búsqueda en el primer mes de 2025, con el fin de optimizar las acciones de búsqueda. Con la instalación del gabinete, se espera mejorar la coordinación entre las autoridades y las asociaciones de familiares de desaparecidos, y avanzar de manera más efectiva en los casos, reforzando la Comisión de Búsqueda con más personal y recursos.

La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionada Nacional de igualdad, Teresa Manzanares, ve con buen ánimo esta política pública de búsqueda, pero se muestra preocupada por la posibilidad de que la instalación a la larga se quede como un simple simulacro que no cuente con una metodología y protocolos internacionales de búsqueda por parte del Gobierno de la nueva administración.

El número de personas “desaparecidas y no localizadas” ha crecido de manera significativa en los últimos años, especialmente desde 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón adoptó la militarización de la seguridad pública como una estrategia para enfrentar al crimen organizado. De hecho, el 88% de los casos de desaparición han sido reportados entre 2006 y el 8 de agosto de 2024, según informó Amnistía Internacional.

En 2023, México cerró el año con su cifra más alta de desapariciones, al reportar, de enero a diciembre, 11 mil 923 víctimas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). En el caso específico de la Ciudad de México, se tienen cifras históricas en esta materia. En un

periodo de cuatro años, la cifra de personas desaparecidas en la Ciudad de México aumentó 1,993.5%, al pasar de 62 casos registrados en 2018, a 1,298 en el 2022, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación (Segob). De las 3,838 personas desaparecidas en la ciudad desde 2018 hasta los primeros meses del 2023, 2,386 se trataron de hombres (62.17%) mientras que 1,439 son mujeres (37.49%).

Entre los obstáculos que han dificultado abordar y resolver el problema de las desapariciones en la capital, se encuentra la falta de un Registro Único de Personas Desaparecidas y No Localizadas, como lo ha señalado el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Además, la escasa coordinación y colaboración entre las instituciones del gobierno capitalino ha provocado que el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas no funcione correctamente ni logre sus metas. Esta misma falta de cooperación, especialmente entre la Fiscalía y el instituto de Ciencias Forenses (Incifo), ha resultado en que muchas personas fallecidas sean enviadas a fosas comunes, a pesar de haber sido previamente identificadas.

Teresa Manzanares recalca que la obligación del Gobierno es garantizar el derecho humano a ser buscado, por lo que será necesario acabar con la dilación de ministerios públicos, a quienes se les debe aplicar verificaciones de confianza para evitar cualquier vínculo con el crimen organizado. Aseveró que, para consolidar la paz en la Ciudad México, es importante que deba existir un irrestricto respeto a los Derechos Humanos por parte de los funcionarios públicos, quienes deben atender los llamados de auxilio de la población sin minimizar el sentido de urgencia a las denuncias. En la CIDHPDA insistimos en destacar la necesidad de otorgar atención inmediata y efectiva a las víctimas de desaparición forzada y sus familias.