Redacción
Aguascalientes, Ags.- Como parte de su compromiso con las mujeres y la lucha contra todo tipo de violencia, la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD, Juanis Martínez Meléndez, presentó la iniciativa conocida como “3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres”.
En tribuna la legisladora destacó que Aguascalientes es el tercer estado con el mayor número de llamadas para denunciar violencia de pareja al número de emergencia 911 y es el décimo en denuncias por violencia sexual, según cifras del Secretariado de Seguridad Pública.
“Resulta necesario cerrar el paso a un agresor o evasor de sus responsabilidades familiares, que tenga la aspiración, pretenda o logre una candidatura para un cargo de elección popular, una designación o un nombramiento en un cargo de primer nivel en la administración pública estatal o municipal o la titularidad de los órganos constitucionales autónomos. Ocupar un cargo en el gabinete o ser electo como representante popular debe ser una distinción y no un privilegio, de ninguna manera se trata de un espacio que se tome como propio para continuar impune y seguir violentando la vida de las mujeres”, aclaró Martínez Meléndez.
Esta reforma constituye un movimiento de vanguardia para evitar la proliferación y normalización de la violencia en contra de las mujeres en las propias instituciones gubernamentales. De esta manera propone como requisito para ocupar cargos de elección popular, designación o concurso, tres puntos básicos:
1. No ser deudor de pensión alimenticia.
2. No ser agresor sexual incluyendo el acoso y hostigamiento.
3. No ser agresor por razones de género tanto en el ámbito familiar como político.
La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género agregó que las personas agresoras no están en condiciones de accionar para prevenir, combatir y sancionar la violencia que tanto daña a la sociedad, situación aún más delicada tratándose de altos cargos públicos en cuyas manos está la elaboración y modificación del marco legal, la gestión de la administración pública, la persecución de los delitos y la impartición de justicia.
“La convicción de la presente iniciativa es abonar a la lucha a favor de los derechos humanos de las mujeres, así como para lograr implementar nuevas formas relaciones institucionales, políticas y sociales que se traduzca en una democracia representativa de manera sustantiva, para que los mejores hombres y mujeres se coloquen en el centro de la responsabilidad pública”, llamó así al Poder Legislativo a sumarse a esta propuesta y continuar en esta lucha para un mejor estado.
