Redacción
Aguascalientes, Ags,.A partir del mes de julio, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), una Institución pilar en la defensa y protección de los derechos humanos de los pagadores de impuestos, tendrá un recorte presupuestal del 75 por ciento lo que representaría que 16 delegaciones de este organismo estarían en riesgo de mantener sus operaciones.
Especialistas en la materia han determinado que con este recorte, se podría estar actuando en contra de lo dispuesto en la fracción V, numeral 38 del “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”, que excluye de estas medidas a quienes tengan que ver con la defensa de cualquier derecho humano.
La Prodecon es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, que proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla servicios de orientación, asesoría, consulta, representación legal y defensa, investigación, recepción y trámite de quejas y reclamaciones contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes, así como de acuerdos conclusivos como un medio alternativo para resolver de forma anticipada y consensuada los diferendos que durante el ejercicio de las facultades de comprobación surjan entre las autoridades fiscales los contribuyentes, o bien, para regularizar la situación fiscal de estos últimos.
Cabe destacar que en recientes fechas el Poder Ejecutivo Federal presentó una propuesta de que se designe a un nuevo titular de la Prodecon que no ha tenido titular por más de un año, sino a un encargado de despacho, por lo que diversas Confederaciones y Cámaras con representación nacional, han señalado que los derechos de los contribuyentes estarían amenazados si los candidatos a este cargo no cuentan con las características necesarias para ejercer dicho cargo, que de acuerdo al artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, son:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho, o en alguna carrera afín a la materia tributaria;
III. Contar con experiencia acreditada en materia fiscal, cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación;
IV. No haber ocupado la posición de Secretario o Subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal, ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los últimos tres años previos a su nombramiento;
V. No haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito intencional que le imponga más de un año de prisión y si se tratare de delito patrimonial cometido intencionalmente, cualesquiera que haya sido la pena, ni encontrarse inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio público, y
VI. Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad
De esta manera, elegir a titular que no cumpla con los requisitos normados para representar a dicha Procuraduría y el recorte presupuestal, afectaría fuertemente su funcionamiento por ende, la defensa a los ciudadanos que requieran de su intervención en todo el país.