Redacción
Aguascalientes, Ags.- El Secretario de Bienestar y Desarrollo Social, Alberto Solís Farías, informó que con motivo del proceso electoral federal que se desarrolla en la entidad, la dependencia a su cargo continuará con la operación de aquellos programas sociales que están encaminados a combatir la pobreza multidimensional extrema con carencia alimentaria.
Es decir, subrayó, todas aquellas acciones que tengan como objetivo favorecer el bienestar de las personas que ni con todo su ingreso alcanzan a tener una alimentación de calidad, seguirán ejecutándose sin pausas de tipo alguno, toda vez que ‘la pobreza no conoce de tiempos electorales’.
En ese sentido, comentó que serán el Programa de Abasto en Apoyo a la Economía Familiar (PROCANASTA), los Comedores Comunitarios, las Estancias de Día para Adultos Mayores y las Casas de Atención Infantil, así como el programa de identificación y credencialización de las 10 mil 500 familias más pobres de Aguascalientes, los que seguirán operando de manera normal.
Explicó que en atención al compromiso adquirido por la administración estatal con el Gobierno Federal, en el sentido de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, es que se determinó la no interrupción de los programas y acciones que contribuyen al combate de la pobreza multidimensional extrema con carencia alimentaria.
Por otro lado, destacó que de los demás programas sociales que opera la dependencia a su cargo, algunos fueron adelantados para evitar su coincidencia con la veda electoral, como ‘Supérate’ y el de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil; en tanto que otros fueron diferidos para después del próximo 7 de junio, entre ellos, Hábitat, Becas 3×1 para Hijos de Migrantes y el Fondo de Apoyo a Migrantes.
Finalmente y con respecto a las medidas que ejecuta la dependencia a su cargo para evitar el uso indebido de los programas sociales y garantizar el principio de equidad durante la contienda electoral, Solís Farías hizo hincapié en que ya se ejecutan algunas medidas en ese sentido, tales como la capacitación a los servidores públicos en materia de delitos electorales, su prevención y sanción, de manera tal que cuenten con la información necesaria para evitar que incurran en alguna conducta ilícita que ponga en entredicho la actuación de la administración estatal.