Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- El gobierno panista del estado presentó de manera oficial su primera iniciativa ante el Congreso del Estado, la cual se enfocará a la Ley de Responsabilidades Administrativas, enfocándose a castigar actos de corrupción y hacer obligatoria la presentación de declaraciones 3 de 3 por parte de funcionarios públicos.
La propuesta fue entregada de manera personal por Javier Luévano Núñez, secretario de Gobierno, quien se reunió con un grupo de diputados encabezados por el diputado del PAN Francisco Martínez Delgado, presidente en turno de la mesa directiva.
“La corrupción como problema público es un tema complejo que ha afectado los intereses de la ciudadanía y ante dicha realidad, el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados y actuar en consecuencia”, estableció Luévano Núñez ante legisladores.
El secretario de Gobierno definió la Ley de Responsabilidades Administrativas como un ente “que permitirá fortalecer el sistema estatal anticorrupción aprobado la semana pasada, dando mayor facilidad a los procedimientos y fomentado la rendición de cuentas por parte de todos los servidores públicos”.
Posteriormente en entrevista colectiva, Javier Luévano adelantó que esta será la primera de un paquete de nueve iniciativas que el gobierno del panista Martín Orozco Sandoval enviará al Legislativo.
“El gobierno del estado ha planteado una agenda legislativa que contempla varios proyectos y hoy estamos presentando la primera que es la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado”, abundó.
Presente en la entrevista, Miguel Ángel Martínez Berumen, titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, mencionó que a partir de la aprobación de la iniciativa se hará obligatoria la presentación de la triple declaración fiscal, de intereses y de bienes en todos los funcionarios de jefaturas en adelante.
– ¿Se prevén sanciones administrativas, económicas?
– Eso depende del tipo de sanción al que incurran o de la gravedad. Habría sanciones administrativas con una inhabilitación hasta por 15 años, dependiendo del caso.
Por su parte, el diputado Martínez Delgado ofreció darle cauce a la iniciativa del Ejecutivo.