Redacción
Aguascalientes, Ags.- Ya pasó un año desde que el Congreso del Estado inició con el trabajo de conformación del Sistema Estatal Anticorrupción en Aguascalientes, sin embargo, este organismo no ha logrado consolidarse y ha pasado por diversas polémicas e impugnaciones en su proceso de integración.
La última evaluación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, realizada en el mes de febrero, señala que Aguascalientes tiene diversos retrasos, entre ellos y como más importantes, la instalación del Comité Coordinador que se dio apenas el pasado 25 de junio, y la designación en la Secretaría Ejecutiva. En cuanto al marco jurídico, aún existe la falta de actualización de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Querétaro se convirtió en el primer estado en tener su sistema anticorrupción completo el 30 de junio del 2017.
Sin embargo, en la entidad, fue precisamente en ese mes cuando en Sesión Ordinaria, fue designada la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, propuesta de instituciones de educación superior y de investigación. Fueron nombrados: Julio César Martínez Romo, Óscar Jesús Martínez García, Miguel Ángel Nájera Herrera, Ricardo Alejandro Hernández Ramos y Jorge Humberto Yzar Domíguez, mientras que, por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Marco Antonio Galindo Madrigal, Ana Susana López de la Parra, Elías Acosta Rodríguez y Enrique Lemus Méndez.
Ellos fueron los encargados de emitir la convocatoria para poner en marcha el Comité de Participación Ciudadana (CPC), el cual fue impugnado por presunta opacidad en el mes de febrero del 2018 debido a la relación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con cuatro aspirantes al cargo de comisionados.
Aunque la instalación de este organismo es obligatoria para los Estados debido a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en noviembre del 2017, el Gobernador del Estado, Martín Orozco, dijo que “entre más se tarde, digo es un tema del Congreso, y un ahorro para nosotros”, al afirmar que estos organismos generan mayor burocracia, a pesar de que su fin es el combate a la corrupción.
Este sistema también se enfrenta a temas operativos y financieros, como la obtención de presupuesto, que fue una propuesta del Gobierno del Estado, aprobada por el Poder Legislativo, un total de 5 millones de pesos, sin la garantía de un espacio físico para trabajar.
El Comité de Participación Ciudadana fue designado a inicios de febrero de este año, y 4 meses después, quien fungía como Presidente, José Guadalupe López Ramírez, presentó su renuncia con el siguiente argumento: observo que ustedes (Comité de Selección del CPC) fueron omisos en la exhaustiva revisión documental y experiencia de mis compañeros, pues sus currículums no demuestran haberse destacado por contribuir a la transparencia, rendición de cuentas o al combate a la corrupción y mucho menos acreditan experiencia de cinco años en tales temas, requisitos ineludibles para acceder al cargo.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada a finales del 2017, Aguascalientes tiene 14.6 de tasa de víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.