Redacción
Guanajuato.-Al no haber respuesta de autoridades, familiares de víctimas se manifiestan.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) debe indemnizar a las familias de los cinco trabajadores que murieron intoxicados en la planta de tratamiento de aguas residuales, advirtió la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos.
“Tenemos que buscar cómo indemnizar conforme a la ley, es ya doloroso la pérdida de vidas humanas; tenemos que cumplir con la parte normativa, cumpliendo con el articulado legal en materia laboral”, señaló la presidenta municipal, entrevistada por La Jornada.
El 13 de noviembre del 2020, Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, murieron intoxicados con ácido sulfhídrico cuando realizaban labores de mantenimiento en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento.
La familia denunció que la planta estaba en malas condiciones, que los trabajadores no habían sido capacitados y que no tenían equipo de seguridad.
“He pedido una ficha informativa con toda la parte legal y laboral” porque “tenemos que buscar que esto no vuelva a suceder, que las familias estén protegidas conforme a la ley”, comentó Gutiérrez Campos al ser cuestionada sobre la manifestación que realizaron las familias en la sesión del pleno del Congreso; donde el diputado de Morena, David Martínez Mendizábal, propuso un punto de acuerdo para que el Ayuntamiento integre una comisión que investigue el caso.
La creación de una comisión investigadora es un tema más político o de lucimiento más que un asunto de resultados, consideró la presidenta municipal.
“Si ellos como Congreso quieren generar una comisión pues están en todo su derecho, el municipio tiene sus comisiones, existe el Consejo de SAPAL, insisto es un tema de aplicar la ley”, externó.
El presidente del Consejo de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández; y el director del organismo, Enrique de Haro Maldonado, se han negado a indemnizar a las familias, pero pagaron más de 1.2 millones de pesos al despacho del abogado Juan Carlos Peña —ex candidato a síndico por Movimiento Ciudadano— para litigar las demandas.
Los directivos de SAPAL han ofrecido entre 30 mil y 150 mil pesos a las familias, como si los trabajadores hubieran sido despedidos.
La empresa ECOSYS III, quien manejaba la planta, denunció que el equipo mecánico, eléctrico y de procesos de tratamiento fue dañado por basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas que descargaban los curtidores con la anuencia del SAPAL.
A raíz de la denuncia, el SAPAL decidió no renovar la concesión a ECOSYS y el 22 de septiembre del 2020 tomó el control de la planta tratadora de aguas residuales.
Con información de La Jornada