Clara Ramírez
Aguascalientes, Ags.- Debido al mal manejo que ha tenido el caso de la niña de 16 años que asesinó a su padre, tras ser víctima de violencia fisica y sexual, caso que ocurrió el pasado 16 de diciembre, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en coordinación con el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), harán la solicitud formal.
Vale la pena recordar que la adolescente enfrenta una posible pena corporal de 20 años, tras ser acusada por la fiscalía de homicidio doloso calificado con ventaja, alevosía, traición y parricidio.
Esto lo dio a conocer una de las integrantes del equipo de la defensa legal Paulina Guzmán, quien aseveró, no se ha tomado en cuenta el rechazo, el estigma familiar y social que vivió desde su infancia, episodios de victimización sexual, la permanencia en el Hogar de la Niña y su posterior situación adversa de violencia, acoso y maltrato al lado de su padre, entre otras cuestiones determinantes.
“Ella está siendo tratada como victimaria, cuando las mismas instituciones permitieron que se vulneraran sus derechos desde que era muy pequeña”.
De no lograrse la reapertura del expediente, la CEDH enviará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, el titular de la CEDH señalo que en todos los casos, donde se presume la vulnerabilidad de una persona, se deben juzgar con criterios y protocolos de perspectiva de genero.
“En todos los casos en que hay una situación de vulnerabilidad, y en el caso específicamente de ella hay antecedentes de hostigamiento de carácter sexual, debió de haberse juzgado con criterios y protocolos de perspectiva de género, ese puede ser el argumento para que se reabra el expediente”.
El ombudsman señaló también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una nueva figura jurídica para solicitar amparos en casos que debieron de haber sido juzgados con perspectiva de género, lo cual funcionará como un antecedente importante en el proceso legal que enfrenta la menor en Aguascalientes.
“La Corte supone o establece que no hubo una plena o adecuada valoración de los derechos de esa persona, ese va a ser un antecedente que nos va a servir para poderlo utilizar y solicitar que sea juzgada con éstos nuevos criterios de la Corte que están establecidos en un protocolo de actuación aprobado”.
El caso de violencia que sufría la menor fue denunciado en el DIF Estatal desde que ella contaba con 13 años de edad, sin embargo las autoridades no le dieron el seguimiento correspondiente. A pesar de esto, la CEDH no emitirá ningún tipo de recomendación a la dependencia de gobierno debido a que “el DIF no tiene representación en los juicios”.