Redacción
Aguascalientes, Ags.- A pesar de que el modelo del Nuevo Sistema de Justicia Penal se implementó desde hace 2 años, Aguascalientes cuenta con rezagos en la evaluación de la labor correspondiente a las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS).
El autodiagnóstico se realizó con base en los cuatro ejes rectores que contempla el modelo homologado de UMECAS, es decir, Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento, Gestión de Calidad y Procesos y Manuales.
En Aguascalientes, el área de mayor retraso es Infraestructura y Equipamiento, ya que es una de las 17 entidades que presentan un avance menor al promedio nacional. En este campo se diagnosticó si la oficina sede cuenta con lo necesario para su desempeño, así como los sistemas informáticos requeridos.
Mientras que, en el aspecto de Procesos y Manuales, la entidad está entre las 23 que registran una avance igual o mayor al promedio nacional, donde se calificó la vigilancia de las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso.
En lo que se refiere a Gestión de Calidad, Aguascalientes está en una posición media, aquí se diagnosticaron las herramientas de apoyo a la gestión del recurso humano, información oportuna y de calidad, si se cuenta con procesos de supervisión de obligaciones procesales con calidad, entre otros.
Finalmente, en el campo de Recursos Humanos, el Estado se sitúa junto a 17 entidades más entre los avances promedio en factores como la estructura documentada, conocimientos del personal, requisitos de ingreso y permanencia, así como la estructura organizacional y el personal adecuado.
El estudio elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y Projusticia evaluaron a las entidades tomando como referencia una escala del 0 al 5.
Entre las entidades peor evaluadas está Nayarit, que registra cero avances en 3 de los 4 indicadores. Mientras que Baja California Sur es la que cuenta con un avance alto.
Las UMECAS son las encargadas de realizar un perfil de la persona imputada atendiendo a la información de su entorno socioeconómico, antecedentes procesales y comportamiento, para determinar el riesgo que representa para la víctima, la sociedad y el proceso. Proporcionan dicha información al Ministerio Público y a la Defensa, quienes debatirán ante el juez la necesidad o no de imponer una medida cautelar.