Redacción
Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Policía Federal revelar la lista de ex funcionarios de primer nivel que fueron escoltados durante los gobiernos federales del priísta Enrique Peña Nieto, y del panista Felipe Calderón Hinojosa.
Lo anterior, luego de que un ciudadano solicitara dicha información a través de una solicitud a la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que solicitaba el nombre de los funcionarios no operativos que contaban con escolta gratuita por parte de los gobiernos federales.
En su respuesta, la Policía Federal se limitó a informar que brindó dicho servicio a los presidentes de la República, funcionarios y exfuncionarios federales, senadores, diputados federales, gobernadores, coordinadores estatales, presidentes y expresidentes municipales.
Asimismo, a candidatos a cargos de elección popular, periodistas, deportistas, víctimas de secuestro y extorsión, activistas de derechos humanos y empresarios. Sin embargo, la PF clasificó los nombres.
En sus argumentos, la Policía Federal señaló que revelar la identidad de los ex funcionarios que contaban con protección de escoltas podría poner en riesgo su vida, integridad o la salud de los ex funcionarios, o de sus familiares.
Inconforme con la respuesta y la clasificación, el particular presentó un recurso de revisión ante el Instituto, que fue turnado a la ponencia del comisionado presidente, Francisco Javier Acuña.
Al presentar el caso ante el Pleno, Acuña aseguró que revelar los nombres es un ejercicio de rendición de cuentas para que la sociedad pueda conocer a qué servidores públicos se les otorgó el servicio.
El comisionado explicó que si bien el contexto de inseguridad en el país hizo necesario que la Policía Federal custodiara a funcionarios y particulares, los nombres de aquellos servidores públicos cuyas funciones no eran operativas, deben ser difundidos.
Por lo anterior, se determinó que sólo es procedente clasificar el nombre de aquéllos que realizaron funciones operativas en razón de que, al ser identificados, se pondría en riesgo su seguridad e integridad física y podrían ser objeto de amenazas, ataques o emboscadas de criminales.
Con información de El Diario