Redacción
Ginebra.- Los expertos en derechos humanos de la ONU acogieron con satisfacción la pronta entrada en vigor del primer tratado de derechos humanos sobre el medio ambiente en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, y lo elogiaron considerándolo un pacto innovador para luchar contra la contaminación y asegurar un medio ambiente saludable.
“Ante la proliferación de conflictos ambientales y la persistente intimidación, acoso y detención de defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú ofrece esperanza a innumerables personas y comunidades de la región que sufren de la contaminación y los impactos negativos de las industrias extractivas”, dijo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana.
“El Acuerdo de Escazú compromete a las partes a garantizar el derecho a un medio ambiente sano”, añadió David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente. “Proporciona a los ciudadanos y a las comunidades las herramientas necesarias para exigir que los Estados rindan cuenta de la protección y el cumplimiento de este derecho fundamental”.
El Acuerdo de Escazú incluye fuertes salvaguardias para los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos del medio ambiente, en un momento en que están sujetos a niveles de violencia sin precedentes.
Los expertos expresaron la esperanza de que el tratado pueda servir de modelo para que otras regiones mejoren la cooperación y movilicen esfuerzos para una mejor gobernanza de los recursos naturales y la protección del medio ambiente a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la comunidad. Al asegurar los derechos de las personas a la información, participación y el acceso a la justicia, el Acuerdo refleja un sólido enfoque de la gobernanza ambiental basado en los derechos.
Los expertos también expresaron su preocupación por las campañas de desinformación que han enturbiado el debate público en algunos países de la región.
“Instamos a los países que aún no lo han ratificado o adherido, a que se sumen a los esfuerzos regionales y demuestren buenas prácticas para una región más justa y sostenible”, dijeron los expertos.
El Acuerdo de Escazú entrará en vigor 90 días después de la 11ª ratificación. Los expertos elogiaron a los 11 países que ratificaron el acuerdo: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, México, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Uruguay.
“El resto de las naciones de la región de América Latina y el Caribe deberían avanzar rápidamente hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú para maximizar la eficacia del tratado en la protección de los derechos humanos frente a las actuales crisis interconectadas del clima, la biodiversidad y la contaminación”, dijeron los expertos.
Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo; Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Karima Bennoune, RelatoraEspecial en la esfera de los derechos culturales; Elizabeth Broderick (Chair), Elena Dorothy Estrada Tanck, Meskerem Geset Techane, Ivana RadačIć, Melissa Upreti (Vice Chair), Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas; Alice Cruz, Relator Especial para la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares; Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación;Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Cecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Irene Khan, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expression; Chris Kwaja (Chair-Rapporteur), Jelena Aparac, Lilian Bobea, Ravindran Daniel, and Sorcha MacLeod, Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos; Nils Melzer, Relator Especial sobre la La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Tlaleng Mofokeng, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Siobhán Mullally, Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Fionnuala D. Ní Aoláin, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Tomoya Obokata, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Gerard Quinn, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Anita Ramasastry (Chair), Dante Pesce (Vice-chair), Surya Deva, Elżbieta Karska, Githu Muigai, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; Livingstone Sewanyana, Experto Independiente sobre un orden internacional; Leigh Toomey (Chair-Rapporteur), Elina Steinerte (Vice-Chair), Miriam Estrada-Castillo, Mumba Malila, Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria