Redacción
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictaminó este jueves que los países que reconocen su jurisdicción tienen la obligación de adoptar “todas las medidas necesarias” para proteger a la población frente al cambio climático, en lo que organizaciones civiles calificaron como una decisión histórica en materia ambiental y de derechos humanos.
La resolución, solicitada por Colombia y Chile en enero de 2023, establece que el derecho a un ambiente sano está protegido por el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que convierte la crisis climática en una cuestión legal y no solo ambiental o política.
“El derecho a un ambiente sano se encuentra incluido entre los derechos protegidos”, subrayó el tribunal con sede en San José, Costa Rica, al emitir su opinión consultiva en un documento de 234 páginas.
Esta resolución es vinculante para los 20 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que reconocen la competencia contenciosa de la Corte, entre ellos México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile, lo que los obliga a reformar leyes, diseñar políticas públicas y, eventualmente, elevar las exigencias ambientales a empresas, especialmente las del sector energético.
Organizaciones como el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebraron el fallo, destacando que se abre la puerta para exigir responsabilidades a corporaciones que contribuyen a la degradación ambiental.
“Es un paso histórico para acabar con la impunidad de las empresas de combustibles fósiles”, dijo Upasana Khatri, abogada de CIEL. “Para los Estados, esto implica el deber de regular eficazmente la exploración, extracción y procesamiento de combustibles fósiles”.
La Corte también estableció que los gobiernos tienen un deber especial de proteger a las personas defensoras del medio ambiente. “Sin personas defensoras del ambiente no hay justicia climática”, señaló Luisa Gómez, también de CIEL, al destacar que América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para quienes defienden el territorio.
La primera reacción oficial no vino de América, sino del gobierno de Vanuatu, una nación insular del Pacífico. “Felicitamos a la Corte Interamericana por su innovadora opinión consultiva”, expresó su ministro de Medio Ambiente, Ralph Regenvanu.
Las audiencias para esta resolución contaron con la participación récord de más de 160 organizaciones, incluidas comunidades indígenas, entidades científicas y oenegés, marcando un hito en la judicialización de la crisis climática a escala internacional.