Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- En la entrega de su informe anual ante el Poder Legislativo, el fiscal Jesús Figueroa Ortega fue cuestionado por diputadas y diputados en torno a casos de violencia intrafamiliar, carpetas judicializadas y hasta la coordinación con áreas de seguridad por el arribo de pobladores de otros estados que llegan a municipios del norte debido a la criminalidad en sus comunidades.
El documento signado por el litigante fue entregado ante la diputación permanente, luego que la soberanía se encuentra en periodo de receso, además de representantes populares que tuvieron la oportunidad de acudir.
Al ceder el uso de la palabra a integrantes del Congreso, la panista Nancy Gutiérrez Ruvalcaba hizo hincapié en torno a la problemática que reflejan las estadísticas sobre la violencia intrafamiliar.
“Aguascalientes siempre ha estado entre los primeros cinco lugares a nivel nacional y debemos de empezar a trabajar para que esos números bajen, lo cual es necesario para cada una de las familiares y hogares”, apuntó.
Por su parte, el perredista Cuauhtémoc Escobedo Tejada mencionó la problemática de incertidumbre tanto a nivel nacional como mundial, por lo que convocó a cerrar filas entre las diferentes instituciones. “Lo que el ciudadano espera en estos momentos es brindar una mejor paz y tranquilidad a las personas. Vamos a revisar minuciosamente el informe”, declaró.
Mientras el también blanquiazul Juan Pablo Gómez Diosdado preguntó de manera directa al fiscal en torno al número de carpetas de investigación terminaron en una sentencia condenatoria. Figueroa Ortega respondió que se contabilizaron 4467 carpetas judicializadas en el año pasado, considerando que en 97 por ciento se tuvo vinculación a proceso. “No todos los asuntos que se judicializan necesariamente se llega a una sentencia, pero ello no implica que no se resuelva el conflicto, pues contamos con alternativas para solucionar”, adicionó el fiscal.
A su vez la panista María de Jesús Díaz Marmolejo, presidenta de la comisión de Seguridad del Legislativo, cuestionó en torno a la coordinación con áreas estatal y nacionales sobre la migración de comunidades zacatecanas a municipios locales debido a la inseguridad que se vive en aquel estado.
Figueroa aclaró que no se tiene competencia en investigaciones previas, salvo en situaciones de cateo, “pero la forma en que nos comunicamos es hacer operativos conjuntos. Con el Ejército mantenemos una comunicación permanente y el C5 nos ha permitido tener muchos datos que nos permiten dar con el responsable”, dijo.