La Silla Rota
Ciudad de México.- Abogados, empresarios, funcionarios y hasta un ex gobernador, forman parte de los más de 430 mexicanos que son dueños de empresas offshore en Bahamas, de acuerdo a un reporte que difundió este miércoles el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Este es un nuevo caso de un paraíso fiscal, como se le considera a las Bahamas, pues se trata de un país que por sus medidas de privacidad ha sido aprovechado por firmas offshore para lavar dinero y cometer fraudes.
En la nueva lista elaborada por el ICIJ, el Süddeutsche Zeitung y otros medios, se pueden ver nombre de empresarios como Marcos Achar Levy, Marcos Achar Mehoyas y Salomón Achar Achar, quienes estuvieron o están relacionados en la dirección de la empresa mexicana Comex.
También aparece la conductora de radio, Martha Debayle, quien es dueña de la empresa Camuchito Ltd., la cual tiene fecha de creación en 2011.
Otro personaje de la lista denominada “Bahamas Leaks” es Joaquín López-Dóriga López Ostolaza, quien en el registro comercial aparece como dueño de la empresa Josa LTD.
También destacan Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, empresarios de medios y hospitales en México, quienes figuran como dueños de las empresas Radar Global LTD, Mundella Global Inc y Albion Holdings LTD.
LOS MEXICANOS EN BAHAMAS LEAKS
Por paraíso fiscal entendemos a los territorios en los que sus sistemas fiscales (1) no cobran o cobran muy pocos impuestos al ingreso, (2) favorecen a los contribuyentes extranjeros (3) por contar con un gran número de exenciones y con una importante protección al secreto financiero y fiscal. Es decir, suelen ser territorios donde la autoridad fiscal local no pregunta el origen del dinero y tampoco ofrece mucha información respecto al origen y destino de las inversiones y de sus inversionistas.
Entre ellos, hay nombres de accionistas que cotizan en bolsa así como ex servidores públicos y funcionarios en activo de distintos niveles jerárquicos.
Los nombres de los mexicanos surgieron de una investigación periodística internacional llamada Bahamas Leaks, a través de la cual se logró identificar 175 mil 888 firmas, fideicomisos y fundaciones abiertas por personajes de todo el mundo en ese país del Caribe.
Los datos, contenidos en 1.3 millones de archivos, fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que compartió su hallazgo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus socios, como ocurrió en abril pasado con la revelación conocida como Panama Papers. En el caso mexicano, en esta ocasión los socios del ICIJ son periodistas que trabajan para Aristegui Noticias, la revista Proceso, así como en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Las empresas expuestas en Bahamas Leaks fueron registradas a lo largo de 16 años, entre 1990 y los primeros meses del 2016. El director del ICIJ, Gerard Ryle ha dicho que este tipo de investigaciones son un servicio público. “Hay mucha evidencia para sugerir que si alguien tiene secretos en el mundo de las empresas offshore, también tiene el potencial para hacer el mal. Así que vamos a eliminar ese secreto”, comentó.
La Mancomunidad de Bahamas ha sido considerada como un paraíso fiscal debido a las condiciones que ha otorgado a los inversionistas extranjeros. Entre ellas, destaca el hecho de que no pagan impuestos por cualquier tipo de ingresos personales, herencias, donaciones u otras adquisiciones de capital. Además, se garantiza la confidencialidad de quienes llevan allí su dinero.
La estabilidad política también es un fuerte atractivo de esa nación, ya que su democracia parlamentaria como miembro del Commonwealth, lleva instaurada casi tres siglos y el dólar de Bahamas posee el mismo valor que la divisa estadounidense.
La mayoría de los inversionistas han operado ahí mediante “compañías internacionales de negocios” (IBC, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la legislación de Bahamas, las IBC no tienen que pagar impuestos por sus ingresos provenientes del extranjero y tampoco están obligadas a presentar informes anuales corporativos, con lo cual se protege la identidad de los accionistas
La creación de una IBC simplemente requiere de un director y de un accionista. Los nombres del resto de los propietarios y, sobre todo de posibles beneficiarios, no son plasmados en el registro público de la propiedad. En Bahamas operan 396 bancos de todo el mundo. La legislación vigente ahí obliga a mantener la confidencialidad en todo aspecto.
El hecho de contar con este tipo de compañías en Bahamas no necesariamente implica cometer algún delito, como la evasión de impuestos, operación con recursos de procedencia ilícita y otros. De acuerdo con el marco legal mexicano, una operación financiera en ese país no tendría inconveniente siempre y cuando los inversionistas hayan reportado esas transferencias o ingresos ante las autoridades hacendarias de México.
Tras la anterior investigación periodística llamada Panama Papers publicada el pasado 3 de abril –también coordinada por el ICIJ-, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) –el organismo mexicano encargado de recaudar impuestos- inició revisiones y auditorías a los personajes que ahí fueron mencionados.
Apenas dos meses después, el mismo SAT informó que hicieron 67 auditorías a las personas y a las empresas mexicanas incluidas en el caso Panama Papers, a través de las cuales recuperaron 438 millones de pesos, y aún se encontraban en proceso de cobrar 187 millones de pesos más
El SAT no reveló la identidad de esas personas. Sin embargo, puntualizó que uno de los investigados solicitó pagar “en parcialidades” 104.7 millones de pesos, más el 18% anual y recargos.
En la nueva investigación periodística, Bahamas Leaks, los socios mexicanos del Consorcio han identificado a personajes como el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, quien también fue secretario de Energía y de Economía en el Gobierno del exPresidente Vicente Fox. Su empresa se registró con el nombre Yukali Subsidiary Corp, y fue puesta en marcha apenas en septiembre del año 2015.
En Bahamas también abrió una empresa Niurka Sáliva Benítez, con el nombre Limesprings Enterprises Ltd en el año 2014. Ella es la esposa del exalcalde de Cancún y otrora candidato a Gobernador del PRD, Greg Sánchez, quien fue encarcelado en el año 2011 acusado de lavado de dinero, entre otros delitos. En Argentina, también fue señalado como presunto evasor fiscal. Sin embargo, logró quedar en libertad tras pelear en tribunales su causa. Recientemente, intentó ser electo como alcalde de la misma capital de Quintana Roo pero perdió.
Otro de los personajes vinculados con la política encontrados en Bahamas Leaks fue el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien junto con socios, los abogados Alberto Zinser y Julio Esponda crearon la empresa Majo don´t B Laight Ltd en octubre del 2014. Consultados al respecto, los miembros del despacho Zinser-Esponda y Gómez Mont, reconocieron la existencia de la compañía “como aparece en los registros públicos consultables” y comentaron lo siguiente: “La sociedad no se constituyó para efectos económicos, ni tuvo ni ha tenido cuentas bancarias, ni ha manejado cantidad alguna”.