Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- Al rendir su último informe de actividades, el Ombudsman de Aguascalientes, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, reconoció que se vive un año negativo en cuanto al respeto para las garantías individuales.
“En el 2016 se decía que no fue un buen año para los derechos humanos, pero seguramente el 2017 ha sido peor en ese sentido”, indicó Martín Jáuregui, en su comparecencia en el Congreso del Estado.
El todavía presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se refirió a casos concretos como el homicidio en contra de Silvestre de la Toba Camacho, Ombudsman de Baja California Sur, además de la reciente aprobación de la Ley de Seguridad del Interior.
“Los datos duros muestran un año violento en el país y en buena parte por políticas públicas que lejos de haber disminuido incidentes violentos, los ha multiplicado. A once años de la declaración de guerra del presidente Felipe Calderón, ha crecido el número de adictos”, cuestionó.
En temas de Aguascalientes, Martín Jáuregui se refirió al caso de la represión de policías municipales en contra de estudiantes normalistas de Michoacán, cuando estos se manifestaron en la ciudad durante junio pasado.
“Se requirió una acción enérgica por parte de la Comisión, que se apoyó en altos comisionados de la ONU y en la Comisión Nacional, con la finalidad de que no se siguieran dando estos hechos y evitar su repetición”, aseveró.
Asimismo, el Ombudsman afirmó que en la entidad se viene dando un proceso de conductas delictivas, pero consideró que la mayoría de poca monta, como robos, hurtos y asaltos “perpetrados en las más de las veces por adictos quienes buscan conseguir dinero para satisfacer su necesidad”.
El presidente de la CEDH finalizará su cargo el próximo 15 de enero.