Ladrón que detengan en Aguascalientes se queda en la cárcel

Ladrón que detengan en Aguascalientes se queda en la cárcel

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Congreso del Estado aprobó por mayoría reformas legales para aplicar prisión preventiva oficiosa a quienes cometan el delito de robo en cualquiera de sus modalidades y evitar con ello su inmediata libertad.

La propuesta incluye reformas a las fracciones 11 y 12 del artículo 75-A del Código Penal del Estado de Aguascalientes, así como el cuarto párrafo del artículo 132, la fracción primera del artículo 142 y la fracción segunda del 144.

El dictamen fue avalado con el voto de 25 diputados presentes, salvo la ausencia del perredista Iván Sánchez Nájera, mientras que la panista Cristina Urrutia no se encontraba presente al momento de la votación, por lo cual su sufragio fue considerado de manera oficial como abstención.

El diputado panista Francisco Martínez Delgado, presidente en turno de la mesa directiva del Congreso, apuntó que el objetivo se enfocará a establecer la punibilidad en torno a estas faltas.

“Con ellos serán incluidos quienes sean señalados por supuesto delito de robo a casa habitación, robo a comercio, transporte, transeúnte, ganado, entre otros en los que solicita al juez de control para que aplique la prisión preventiva oficiosa”, detalló.

De esta manera, Aguascalientes se convierte en uno de los tres primeros estados del país que avala la aplicación de prisión preventiva oficiosa.

Cabe mencionar que este acuerdo del Congreso fue dado como un hecho desde la semana pasada por el gobernador panista Martín Orozco Sandoval. Pero esto no fue cuestionado por la oposición. La legisladora priista Elsa Amabel Landín lo vio con buenos ojos:

“Aplaudimos la adhesión del gobernador. El Ejecutivo con el Legislativo debemos de sumarnos para que Aguascalientes sea un estado donde estemos en paz”, consideró.

En lo que fue la última sesión del periodo ordinario del Poder Legislativo de Aguascalientes, también se aprobó la aplicación de la muerte civil para inhabilitar a funcionarios a quienes se les compruebe su participación en actos de corrupción. Las suspensiones podrían ir de uno hasta 20 años de veto para ocupar nuevamente cargos públicos, dependiendo la falta.

Esta ley entrará en vigor a partir del próximo lunes 2 de julio.