Vigilia. Entre lo público, la razón y el juicio
Miguel Ángel Juárez Frías
Lo que no se dice… también mata. ¿Qué está pasando en Aguascalientes?
Mi intención original era retomar en este espacio la agenda que hemos venido desarrollando en torno al desmantelamiento institucional que vive el país en esta transformación incierta. Sin embargo, un tema de alarma me obligó a cambiar de rumbo. Escribo entre la frustración y la esperanza.
Durante algunos años creímos haber superado los días más oscuros de nuestra historia reciente. Aquella época en la que el miedo se apoderó de las calles, la vida pública se replegó, y la derrota cívica se volvió rutina. Pensamos que el pasado no volvería, pero hoy la realidad nos obliga a reconocer que nunca se fue. Solo se adormeció, esperando la debilidad o el descuido para reaparecer.
Recordemos cómo nuestra tierra fue abandonada: por los inversionistas que cerraron cortinas ante la falta de garantías; por las familias que huyeron buscando protección en otro lugar; por las autoridades que, en lugar de combatir al crimen, diseñaron rutas para tolerarlo. Pero también fuimos nosotros, los ciudadanos, quienes preferimos encerrarnos antes que enfrentar el riesgo de vivir nuestras calles.
Hoy lo que emerge no es una novedad. Es la punta de un iceberg que decidimos ignorar: una estructura criminal que nunca dejó de crecer y que ahora exhibe, sin pudor, su control territorial.
Lo más preocupante no es lo evidente. Lo verdaderamente grave es lo que se ha querido ocultar. Hoy, la violencia no se combate, se administra en el discurso. La estrategia oficial no se basa en hechos, sino en boletines. La comunicación pública hipnotiza al ciudadano con la narrativa de un estado en calma y bonanza.
El silencio institucional se ha convertido en política de Estado. Se disfraza la falta de resultados con declaraciones y se suplanta la acción con frases prefabricadas diseñadas para desactivar el enojo social.
Más que nunca, se confirma una verdad dolorosa, la justicia se volvió performance, en la cual, se prioriza la apariencia de legalidad sobre la legalidad misma. La ley existe en el papel, pero los ciudadanos padecen su ausencia en la vida cotidiana. Se presume que se investiga, se simula que se actúa, pero la impunidad permanece como regla general del sistema.
El problema que ocupa al Estado no es la realidad, sino su percepción. Lo importante son las gráficas, las cifras, las estadísticas. Pero olvidan algo esencial, no son los números los que nos duelen, son las vidas de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, de nuestras familias, que viven con miedo y sufren en carne propia la indiferencia.
Entre esas voces que hoy se atreven a alzar la mirada están los comerciantes del Agropecuario, quienes enfrentan extorsiones con tarifas ya institucionalizadas. Tres mil, quince mil, hasta veinte mil pesos por semana. Dinero que no se entrega para crecer, sino para no desaparecer.
En esas condiciones, debe decirse con todas sus letras: donde gobierna la extorsión, ha dejado de gobernar el Estado.
Cuando el crimen impone precios, regula horarios y traza límites, no hablamos de delincuencia común, hablamos de un poder paralelo. Un poder violento, amenazante, ausente de escrúpulos que opera fuera de la ley, muchas veces con el consentimiento de quienes debieran enfrentarlo. La violencia no se explica por ausencia del Estado, sino por su complicidad.
Esto no es una crisis coyuntural. Es una escalada silenciosa que la ciudadanía, en su pérdida de asombro, ha ido incorporando como parte del entorno. Pero todo tiene un límite. Sobre todo cuando la omisión institucional y la complacencia fortalecen al delincuente, lo envalentonan, y le permiten actuar sin freno. El Agropecuario es un ejemplo claro, y como sociedad debemos ser los primeros en decir basta.
La economía del miedo no puede, bajo ninguna circunstancia, desplazar a la economía del esfuerzo.Aguascalientes no debe permitir que el “cobro de piso” se normalice como ya ocurre en otras regiones del país. El trabajo honesto debe ser defendido desde todas las tribunas, y una sola voz ‘firme y sonora’ debe retumbar en cada institución encargada de garantizar justicia.
Escuché las primeras respuestas institucionales, ante lo que ya es público del “cobro de piso”. En el área de prevención del delito se dijo que no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Otras voces, prudentes en forma pero ciegas en fondo, afirmaron que se trataba de tres casos, que no está generalizado, me recordó hace 18 años en el jueves negro, solía decirse “casos aislados”; o las últimas de la transformación, “tengo otros datos”, “solicitaré un informe”.
Con esas declaraciones comienza, de nuevo, su lógica perversa, en este Estado, la vida, el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, son un dato menor si no genera estadística. Si no hay carpeta de investigación, el hecho no existe. Si no hay video viral, no hay urgencia. Si no hay presión mediática, no hay respuesta.
Así es como estos delitos, y otros más que alimentan una larga “estadística” in crescendo, se convierten en cifras. Los hechos, en mentiras del opositor; en difamaciones de detractores. Esos hechos se convierten en ecos del desierto, para que los ciudadanos, solo seamos estatuas de arena sin voz, sin rostro, sin derechos. Así, no vemos. No escuchamos. Solo permanecemos.
Callar la verdad no protege a la ciudadanía, solo protege a los criminales. Callar traiciona la confianza más básica entre gobierno y sociedad. Que no incomoden las voces que exigen, que gritan, que reclaman el restablecimiento de la paz, la seguridad y la certeza para las y los aguascalentenses.
Sé que hablar incomoda. Pero es el único acto de lealtad que nos queda frente a esta tierra.
Si no rompemos el silencio ahora, el silencio terminará por rompernos a todos.
Nos leemos la siguiente.