Comunicado
Ciudad de México.-El Consejo Iberoamericano de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) hace un enérgico llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida por Rosario Piedra Ibarra, para que reconozca la gravedad de la crisis de desapariciones forzadas en México y respalde a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en lugar de alinearse con el Estado.
Esta solicitud surge tras la reciente resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED), que emitió medidas cautelares al Estado mexicano debido a los hallazgos de restos humanos y objetos personales en el rancho Izaguirre. A pesar de este pronunciamiento internacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que en el país exista desaparición forzada por parte del Estado, atribuyendo el fenómeno principalmente a la delincuencia organizada. En línea con la postura del Ejecutivo, la CNDH rechazó el posicionamiento de la ONU, calificándolo de “descontextualizado” y negó que las desapariciones sean consecuencia de una política de Estado.
Ante este rechazo, Amnistía Internacional ha solicitado a la CNDH asumir un rol activo en la protección de los derechos humanos y promover soluciones coordinadas para abordar esta grave situación. La CIDHPDA respalda esta demanda y exige que la CNDH cumpla con su propósito de proteger, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos en favor de la ciudadanía.
Es fundamental recordar que la CNDH no es una institución del Estado, sino un órgano constitucional autónomo que opera dentro del marco jurídico establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las funciones esenciales de la CNDH incluyen recibir quejas, investigar presuntas violaciones y formular recomendaciones públicas, no hacer eco de los posicionamientos del gobierno en turno.
La creación de la CNDH en la segunda mitad del siglo XX fue resultado de una creciente demanda social y transformaciones internacionales para proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos del Estado. Por ello, hacemos un llamado urgente a la CNDH para que asuma su rol de defensor de los derechos humanos y no se subordine a los intereses del gobierno en turno.