Proceso
CDMX.- El juez federal José Díaz de Léon Cruz, del Juzgado Segundo de Distrito en Amparo Penal, ordenó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reabrir la demanda por presunta extorsión por 5 millones de dólares a la empresa Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala.
El caso involucra a Teresa Pérez Romo, esposa del conductor Joaquín López Dóriga, así como al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien argumentó que no fue una extorsión, sino una “propuesta de conciliación” en el conflicto entre los vecinos del edificio de condominios de la calle Rubén Darío, en Polanco, y la empresa inmobiliaria de Aramburuzabala.
La orden de reabrir el caso se produce cuando López Dóriga retorna para conducir un noticiero en Telefórmula, que se transmitirá por televisión restringida, y en medio de nuevos rumores al interior de Televisa de que le habían solicitado al conductor que entregara las oficinas que ocupó durante 16 años.
El 18 de agosto de 2016, la Procuraduría capitalina había decidido el “no ejercicio de la acción penal” con el argumento de que era “ocioso e innecesario” entrevistar a los 39 condóminos del edificio Rubén Darío 223, y consideró válida la explicación de Becerra Pocoroba.
La decisión del juez federal señala que “se deberá establecer si (los abogados) verdaderamente iban en representación de los vecinos o se pretendía obtener un lucro para sí, lo que desde luego, con el desahogo de las pruebas testimoniales, podría aportar datos al respecto”.
El “carpetazo” de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se dio a conocer el 19 de agosto, el mismo día que Joaquín López Dóriga transmitió la última de sus 4 mil 200 emisiones de El Noticiero de Televisa.
La resolución de la Procuraduría capitalina consideró que no hubo delito de tentativa de extorsión, porque los representantes de Abilia “aceptaron tener pláticas con los vecinos del condominio residencial ubicada en la calle Rubén Darío número 223, de la colonia Polanco (a pesar de que dicha inmobiliaria contaba con los permisos para continuar con la construcción), por lo que se puede apreciar que por voluntad propia consintieron acudir a dichas pláticas sin ser coaccionados, amenazados u obligados a ello”.
También desestimó la prueba de la videograbación en la que se escucha al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba pedirle 5 millones de dólares a los funcionarios de Abilia, a cambio de frenar otros litigios, porque “la inmobiliaria siempre participó por su voluntad, y si bien como lo manifiesta el denunciante fueron amedrentados con realizar el juicio de lesividad, en ningún momento la supuesta repercusión desembocaría en un acto ilícito, sino que se realizaría conforme a un acto formalmente regulado”.
La Procuraduría consideró “infundados e inoperantes” los agravios argumentados por el despacho de abogados de Javier Coello Zuarth, contratado por Aramburuzabala, afirmando que “son evidentemente ambiguos y superficiales”, que ya fueron estudiados y resueltos por la vía del amparo y “no controvierte eficaz y suficientemente los argumentos vertidos en el acuerdo ministerial por el que se inconforma, únicamente pretendió rebatir en forma aislada y genérica algunas de las consideraciones señaladas”.
Para el abogado Javier Coello Zuarth, la Procuraduría de Justicia actuó más como “abogado defensor” de la esposa de Joaquín López Dóriga y de otros implicados que como instancia investigadora.
“No hubo un contrapeso jurídico por parte de los López Dóriga Pérez Romo. El contrapeso lo hizo la Procuraduría capitalina”, afirmó Coello a Proceso.