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Madrid.- Una juez española deliberaba el viernes si emite una orden internacional de arresto contra el destituido expresidente regional de Cataluña, tras ordenar prisión para nueve exmiembros del gobierno independentista de la región el día anterior.
El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont huyó a Bruselas esta semana después de que las autoridades españolas destituyeran al gobierno catalán por seguir adelante con sus planes de secesión pese a las advertencias reiteradas de que era ilegal.
Si se emite una orden de detención, Puigdemont combatirá la extradición sin pedir asilo político, según su abogado belga.
Por otro lado, un panel de jueces de la Audiencia Nacional también estudia una apelación para liberar a dos activistas catalanes encarcelados este mes en una investigación por sedición.
El líder de Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y Jordi Cuixart, de Omnium Cultural, están siendo investigados por supuestamente orquestar protestas a mediados de septiembre que entorpecieron los esfuerzos por impedir un referendo de independencia ilegal.
Puigdemont estaba citado el jueves en la Audiencia Nacional española para declarar en un caso por rebelión presentado por la fiscalía española, pero no se presentó.
La juez instructora Carmen Lamela envió a prisión sin fianza el jueves al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros del gobierno regional.
El viernes se ordenó la liberación de Santi Vila, exconsejero de Empresa en el gobierno catalán, después de que presentara una fianza de 50.000 euros (unos 58.000 dólares). Su pasaporte fue confiscado y tendrá que presentarse de forma habitual en un tribunal mientras prosigue la pesquisa por rebelión, sedición y malversación.
Vila renunció a su cargo como protesta un día antes de que el parlamento catalán votara a favor de una declaración de independencia el 27 de octubre.
La fiscalía también pidió una orden internacional de arresto contra Puigdemont. Según la legislación española, los jueces instructores pueden ordenar la detención preventiva de los sospechosos mientras se desarrolla una pesquisa, que en ocasiones puede llevar meses, para determinar si se pueden presentar cargos en su contra.
El encarcelamiento de los exmiembros del gobierno catalán provocó una nueva oleada de protestas en Cataluña. Miles de personas se reunieron el jueves por la noche para pedir su liberación en Barcelona, la capital de la región, y otras localidades.
Puigdemont y su equipo fueron destituidos la semana pasada por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, un día después de que el parlamento catalán votara a favor de una declaración de independencia. Rajoy empleó los poderes especiales que le había concedido el Senado para despedir a los separatistas, disolver el parlamento regional y convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Puigdemont reapareció el martes en Bélgica con algunos de sus exconsejeros, señalando que buscaban “libertad y seguridad” en ese país. Él y cuatro exmiembros del gobierno seguían en Bruselas el jueves.
El Tribunal Supremo español, por su parte, investiga a seis miembros de la mesa del parlamento catalán. En total, la fiscalía española investiga a 20 políticos regionales por rebelión y otros delitos que serían punibles con hasta 30 años de prisión.
La iniciativa independentista en Cataluña es la peor crisis institucional que golpea a España en casi cuatro décadas.
El banco central español dijo el jueves que un conflicto político largo podría dañar la economía española, especialmente en Cataluña. Más de 1.000 empresas ya han trasladado su dirección legal de Cataluña a otras partes del país debido a la incertidumbre.
El desempleo en Cataluña subió en 15.000 personas durante el mes pasado, convirtiéndose en la comunidad autónoma española donde se perdió más empleo en octubre, según las estadísticas mensuales publicadas por el Ministerio español de Empleo y Seguridad Social.