Redacción
El magnate musical Sean “Diddy” Combs fue declarado culpable este miércoles del delito de trata de personas con fines sexuales, aunque fue absuelto de los cargos más graves de asociación ilícita y tráfico sexual, al término de un juicio federal que duró siete semanas.
El veredicto fue leído por el portavoz del jurado tras poco más de dos días de deliberaciones. Ocho hombres y cuatro mujeres integraron el panel que, de acuerdo con el juez Arun Subramanian, “respondieron al llamado del servicio público” tras un proceso complejo y de alto perfil.
Combs, de 55 años, enfrentaba cinco cargos en total: dos por tráfico sexual, dos por trata con fines sexuales y uno por asociación ilícita. La defensa del fundador de Bad Boy Records logró que el jurado desestimara los cargos que podrían haberle significado cadena perpetua. Sin embargo, fue hallado responsable de trata, un delito que podría llevarlo hasta 20 años a prisión.
Durante el juicio, la Fiscalía acusó a Combs de liderar una red criminal que forzaba a mujeres a participar en orgías con trabajadoras sexuales y otros implicados, mediante amenazas y coerción. Los testimonios incluyeron descripciones perturbadoras y se presentaron miles de páginas de evidencia documental, registros telefónicos, financieros y videos.
El caso se vio impulsado tras la demanda de su expareja Casandra “Cassie” Ventura, quien lo acusó de violación y agresión sexual durante su relación de 11 años. Aunque ese proceso se resolvió extrajudicialmente con un pago de 20 millones de dólares, provocó una cascada de denuncias civiles que desembocaron en el juicio penal.
Combs, detenido desde septiembre en una cárcel de Brooklyn, se declaró inocente y optó por no testificar, una estrategia legal común en casos de alto riesgo. El veredicto marca un punto crítico en la carrera del artista y productor, cuya imagen pública se ha visto severamente golpeada.
La sentencia será dictada en las próximas semanas. Cada cargo de trata conlleva una pena de hasta 10 años de prisión, lo que podría significar un máximo de 20 años tras las rejas.