La Jornada
Ciudad de México.- La lucha de los ex braceros, que trabajaron en Estados Unidos entre 1942 a 1964, por recuperar sus ahorros descontados de sus salarios, “ha sido a morir”. En los 18 años de reclamo al gobierno mexicano son incontables los fallecidos, y de los que sobreviven –personas que rebasan los 80 años- pocos pueden viajar a la ciudad de México para cubrir los interminables requisitos que ha impuesto el gobierno mexicano.
Un estudio de la Universidad de Zacatecas estimó que el gobierno debe 5 billones de pesos a 4.5 millones de ex braceros o a sus familias, a quienes encargaron –antes de fallecer- continuaran con el reclamo de su derecho. Ése es el caso de María Elena Soberano, originaria de Nayarit, a quien su padre le pidió pelear por su herencia.
“Me convertí en la coordinadora estatal de la Alianza de Ex Braceros. Llevo más de 16 años luchando, junto con otros ex braceros por el pago de los ahorros. Las autoridades estatales me han detenido dos veces argumentando que estoy extorsionando a los viejitos. Hace 22 días, en una reunión en Ixtlán del Río, la policía municipal me detuvo durante cinco horas; el ministerio público me acusó de robo. Los ex braceros y sus familiares lo desmintieron, pero la policía municipal me prohibió que volviera a ir a una asamblea de los ex braceros. Eso es imposible, este domingo tengo una reunión con ellos, soy la coordinadora y les voy a informar que la juez federal Paula García Villegas ordenó al gobierno devolver a los 7 mil braceros de la Alianza sus ahorros”.
En conferencia de prensa, el abogado Porfirio Martínez sostuvo que el gobierno federal no puede ignorar la orden de la juez, de hacerlo “viola el Estado de derecho y la constitución”. Ya no hay argumentos para que no se entregue el dinero a los ex braceros. Explicó que la orden sólo ampara a 7 mil del total de los ex braceros, pues fueron los únicos que interpusieron dicho amp