Redacción
El gobierno federal resguardará la propiedad de los beneficiarios del Infonavit y, solo en casos excepcionales, se dará la posibilidad de regularizar viviendas invadidas a bajo costo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante la conferencia matutina, la mandataria aseguró que su administración protegerá el derecho constitucional a la propiedad privada y rechazó que se pretenda quitar casas a quienes las adquirieron legalmente. “La propiedad privada está resguardada. Eso es por Constitución y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro, y que no haya dudas”, declaró.
Sheinbaum explicó que actualmente hay cerca de 800 mil viviendas financiadas por el Infonavit que están abandonadas, vandalizadas o han sido invadidas, y por las cuales no se están recibiendo pagos. Aclaró que el gobierno federal está evaluando opciones para atender esta problemática sin violentar derechos ni permitir que esos inmuebles queden en el olvido.
“Se están viendo opciones, porque lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad. Cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores, que no hubiera un fraude de por medio ni nada que tuviera que ver con una afectación a la propiedad privada, se están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono”, explicó.
El miércoles, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, indicó que en casos donde no se pueda localizar al propietario, se valorará ofrecer las viviendas invadidas a bajo costo a quienes las habiten actualmente, siempre que no exista afectación directa a trabajadores con créditos vigentes.
Sheinbaum subrayó que no habrá desalojos, ya que solo un juez puede ordenar el retiro forzoso de ocupantes ilegales. Además, señaló que muchas de estas viviendas fueron construidas en zonas lejanas, sin transporte ni servicios, lo que contribuyó a su abandono.
“No tiene que ver con afectar la propiedad privada ni aquellos créditos que está pagando un trabajador. En el marco de la ley, del respeto a la propiedad y lo que tiene que ver con los créditos de los trabajadores, poder resolver qué vamos a hacer con esas viviendas”, concluyó.