Función Pública investiga a 18 superdelegados por nepotismo, abuso de autoridad y otras denuncias

Función Pública investiga a 18 superdelegados por nepotismo, abuso de autoridad y otras denuncias

Redacción

Al menos 18 delegados de Programas para el Desarrollo, conocidos como “superdelegados”, enfrentan denuncias por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, los cuales son investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Tres de los funcionarios investigados dejaron su cargo en busca de la candidatura de Morena al gobierno de sus estados. Se trata de Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua; Índira Vizcaíno Silva, de Colima, y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero, quien es hermano de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

De acuerdo con información del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar a la que tuvo acceso Animal Político, las indagatorias en curso derivan de denuncias presentadas en 2019 y 2020.

Los superdelegados son los representantes del Ejecutivo federal en los estados y tienen la encomienda de verificar la cobertura y aplicación de los programas sociales del gobierno.

Gobernadores de oposición acusaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirió a sus delegados poderes que se equiparan a las atribuciones de los propios gobernadores. A su vez, dada su exposición a nivel estatal, tales funcionarios se posicionaron como naturales candidatos a las gubernaturas de los estados donde operan.

En octubre del año pasado, Irma Sandoval reveló que nueve delegados estaban bajo investigación por mal uso de los programas sociales que tienen a su cargo: Aldo Ruiz (Aguascalientes), Juan Carlos Loera (Chihuahua), José Antonio Aguilar Castillejos (Chiapas), Índira Vizcaíno (Colima), Mauricio Hernández Núñez (Guanajuato), Rodrigo Abdalá (Puebla), Gabino Morales (San Luis Potosí), José Jaime Montes Salas (Sinaloa) y Jorge Luis Taddei (Sonora).

La lista de funcionarios indagados se duplicó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al OIC, que depende de la SFP, investigar a otros delegados por incurrir en el delito de promoción personalizada con el uso indebido de recursos públicos.

En el expediente SER-PSC-71/2020, de diciembre de 2019, la Sala Regional Especializada del TEPJF concluyó que 14 superdelegados violaron el artículo 134 constitucional por hacer campaña a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador con el reparto de programas sociales.

Los funcionarios investigados por el OIC a instancias del TEPJF son los delegados de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval; Estado de México, Delfina Gómez; Veracruz, Manuel Huerta; Yucatán, Joaquín Díaz Mena; Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera; CDMX, María Cristina Cruz, y Coahuila, Reyes Flores Hurtado.

También Roberto Pantoja, de Michoacán; Katia Meave, de Campeche; José Antonio Aguilar Castillejos, de Chiapas; Mauricio Hernández, de Guanajuato; Rodrigo Abdalá, de Puebla; Gabino Morales, de San Luis Potosí, y Aldo Ruiz, de Aguascalientes.

La información obtenida por Animal Político indica que varios de estos superdelegados no sólo hicieron proselitismo a favor del presidente López Obrador, sino de ellos mismos.

Un caso es el de la delegada de Colima, Índira Vizcaíno, quien renunció al cargo el 31 de octubre. La indagatoria, con el folio 2019/DE308, inició a raíz de una denuncia presentada por la diputada federal morenista Claudia Yáñez Centeno, también de Colima, quien acusó a Vizcaíno -tanto en la SFP como en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE, antes Fepade)- de hacer un uso discrecional de los recursos de programas sociales para hacer campaña.

Otro delegado que es investigado por promoción de su imagen con recursos públicos es el sinaloense José Jaime Montes Salas, a raíz de una denuncia integrada en el expediente 2020/DE555. La acusación afirma que, en medio de la pandemia, el funcionario hizo campaña con la entrega del programa de pensión para adultos mayores “68 y Más”, en compañía del Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

El superdelegado de San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, acumula la mayor cantidad de indagatorias abiertas por la SFP en su contra (8 en total). El expediente 2019/DE70 se inició a partir de una denuncia que acusa al funcionario de cometer actos de proselitismo político en comunidades de Tamazunchale, donde el delegado, presuntamente, dijo que los programas sociales llegaban gracias a él y a la delegada regional Briseida García.

Otra investigación en curso contra el superdelegado potosino, la 2019/DE31, está relacionada con la megafiesta que el funcionario organizó por su cumpleaños en abril del año pasado y que, según la denuncia, habría costado 2 millones de pesos. Otras tres investigaciones señalan probables despidos injustificados.

Con información de Diario Cambio